Espíritu navideño e institucionalidad

Son muchas las actuaciones de instituciones, autoridades y ciudadanos que nos hablan de la anomia social, la falta de cohesión y la falta de unidad de propósitos colectivos que fortalezcan  la comunidad nacional. No obstante ese clima de desintegración y disolución social, en ocasiones se dan ciertos acontecimientos que expresan un espíritu unitario de la dominicanidad.  
    
Por ejemplo, evento como el reciente “viernes negro” dio lugar a que se manifestara un espíritu unificador de la motivación colectiva de los ciudadanos convertidos en consumidores en masa, quienes de forma frenética convergieron hacia los establecimientos comerciales, buscando aprovechar las oportunidades de las ofertas de buenos precios. Fue un fenómeno espectacular de frenesí colectivo. Ese mismo espíritu colectivo también se comienza animar con motivo de la llegada del período navideño, donde la gente comienza a prepararse para compartir en familia y con sus relacionados las fiestas navideñas.   
    
Esa espiritualidad colectiva debería ser base para que sobre ella se edifique una organización social cohesionada y ordenada en base a una institucionalidad normativa que rija el comportamiento de la gente de manera ordenada y reglamentada. Sin embargo, los procesos desintegradores  y disolutorios del orden social operan en contra de las tendencias integradoras y fortalecedoras de la institucionalidad de la Nación. Esta realidad, más pesimista y negativa, se vive dramáticamente en la esfera de lo político, donde el espíritu, por ejemplo perredeísta, ahora perremeísta, no es capaz de promover un nivel de organización democrática de manera tal que esa organización partidaria pueda resolver sin mayores traumas y desperdicios los desafíos que tiene por delante para terciar con cierto nivel de éxito en la próxima contienda electoral.
    
Esa misma debilidad institucional también ha facilitado el secuestro de la Justicia y de las Altas Cortes por parte de ciertos grupos vinculados al grupo gobernante, que como ha quedado demostrado con el fallo del TSE sobre la “convención” del PRD y sobre los casos del senador de SJM y del ex Ministro de Obras Públicas, ambos acusados por la comisión de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, dichos órganos del Estado responsables de impartir justicia han dejado ver su voluntad de proteger  a los imputados, imponiendo un estado de impunidad para favorecer a los integrantes de la nueva clase política dominante. 

Institucionalidad democrática

Ese estado de impunidad no solo inmoraliza a la Comunidad Nacional, sino que socava las bases de una institucionalidad que garantice el espíritu detrás del estado de derecho al que se aspira en la misma Constitución de la República. Por eso un líder político como Hipólito Mejía, plantea la necesidad de rescatar la justicia de esa situación de secuestro, de modo que se pueda combatir la corrupción, causa eficiente de la pobreza que vive el país. Asimismo, se hace imperativo rescatar a las Altas Cortes, modificando su presente composición, para asegurar que se puedan celebrar elecciones libres y transparentes, de donde puedan surgir gobernantes legítimos y creíbles.
    
Esos dos desafíos inmediatos tienen que ser enfrentados por el país para que el espíritu democrático se concretice en una institucionalidad organizada.