Como un caro juguete de cristal, en manos de dos niños que se lo arrebatan a riesgo de quebrarlo, se proyecta
en su etapa postelectoral el PRD.
Más que por las culpas de otro punto rojo en la cadena de derrotas, el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) y Miguel Vargas Maldonado llevaron a los tribunales un pleito por el control institucional y estructural de un patrimonio político, histórico y económico que sobresale ‒mucho a poco‒ en la oposición política nacional.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que ahora concentra energías en una nueva disputa interna, fungirá durante el gobierno de Danilo Medina como interlocutor obligatorio en los diálogos y disputas del poder. Una fuerza que comparte con el oficialismo, aunque en pronunciada desventaja, los estamentos estatales.
Por algo, el excandidato presidencial Mejía se apresuró ‒dos días después de las votaciones‒ a autoproclamarse líder de la oposición. A sus 71 años de edad, y luego de su segunda derrota electoral, el empresario agrícola busca asumir el control en la organización política. Pero encuentra de frente a Vargas Maldonado, quien ya adelantó que está dispuesto a pactar con el nuevo jefe de Estado. Al presidente del partido blanco, exitoso inversionista del sector inmobiliario, no le resulta difícil entenderse con el oficialismo, como lo demostró en temas cruciales que incluyeron acuerdos sobre la reelección presidencial y la conformación de nuevos órganos estatales.
Dominar, presidir y liderar el PRD representa una privilegiada oportunidad de control sobre la escogencia del candidato presidencial para las elecciones de 2016, de los aspirantes a los 222 cargos congresuales y a la dirección de los 156 municipios y más de 200 distritos municipales.
El partido que fundó Juan Bosch, junto a otras figuras antitrujillistas del exilio, y que por décadas lideró José Francisco Peña Gómez, funge como una maquinaria electoral (muchos lo ven como un sentimiento colectivo) que logró 1,911,503 votos en las elecciones del 20 de mayo, para un 42.13% del total nacional, el más alto desempeño individual entre las organizaciones políticas.
Aunque pierde terreno en los puestos públicos desde los comicios de 2004, mantiene un nivel de votación competitivo, lo que representa una plataforma propicia para los próximos aspirantes a la Presidencia o a cargos legislativos y municipales. Para las presidenciales de 2004 obtuvo 30.67%, subió a 38.57% en las de 2008, y a 42.78% en el nivel congresual en las de 2010.
La fuerza del “jacho prendío” cuenta con 75 diputados, que aumentan a 79 con los cuatro que alcanzó para la representación de la diáspora dominicana. Un grupo de legisladores fundamental durante los debates congresuales para la reforma fiscal, que tendrá que someter y discutir el Poder Ejecutivo bajo la dirección de Medina del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La organización mantiene poder de veto en el Congreso, pues el PLD no reúne las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados requeridas para la aprobación de leyes especiales y observadas, así como para modificar el presupuesto. De los 190 diputados que ahora tendrá el Congreso, el PLD contará con 108, que alcanzarían a 111 con sus aliados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y eso es 15 menos que 126, que representan los dos tercios.
Estos números confieren un valor con potencial transaccional a un bloque que ya en varias ocasiones ha votado dividido por trascendentales proyectos de la autoría y el interés de la gestión de Leonel Fernández, el mandatario saliente. El diputado Juan Hubieres, aliado del PRD, denunció durante la pasada campaña electoral que algunos de los diputados del partido blanco ya tienen un precio establecido. “Conocemos el corrillo a voces de lo que se discutía entre algunos diputados del PRD. Alrededor de cuatro a cinco de esos legisladores pedían diez millones para cambiarse al PLD”, aseguraba el empresario del transporte y dirigente sindical.
Los perredeístas dirigen 57 alcaldías y ocupan nueve diputaciones al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Al ritmo en que se forja este aval, suma divisiones y resta dirigentes y facciones a su membresía. Pero entre las razones para que, pese a tantas fugas, se mantenga fuerte y competitivo, habrá que citar el valor histórico de que ninguna otra fuerza del país ha llegado, ni se acerca, a los 73 años de existencia.
En tres cuartos de siglo, el PRD representa un referente de lucha revolucionaria, de libertades públicas y arraigo popular, con un aporte de cuatro gestiones de gobierno: Juan Bosch (1963), Antonio Guzmán Fernández (1978-1982), Salvador Jorge Blanco (1982-1986) e Hipólito Mejía (2000-2004).
Proclamar los principios e ideas de la socialdemocracia le ha reportado un vínculo con una de las federaciones políticas más poderosas del mundo, la Internacional Socialista, en la que Peña Gómez cosechó fructíferas relaciones, que en alguna medida heredaron algunos de sus seguidores.
Más allá del valor histórico, los perredeístas son dueños de un activo financiero de RD$41.6 millones en terrenos y RD$131.6 millones en edificaciones, incluida la casa nacional, inaugurada en 2007 en la avenida Enrique Jiménez Moya, casi esquina Sarasota, en la capital.
Los RD$131.6 millones en edificaciones incluyen RD$59.6 millones en activos correspondientes a dos locales de la avenida Bolívar que el Partido Revolucionario Social Demócrata ocupó en 2004 con la escisión que sacó del PRD a Hatuey De Camps Jiménez. Todavía la organización no los considera como pasivos “en espera de la decisión del juez designado a este caso”, explica una auditoría hecha a las finanzas perredeístas, de los años 2011 y 2010 por la empresa Montero de los Santos y Asociados.
El PRD de Hipólito y de Miguel recibió RD$374,189,000 de la Junta Central Electoral (JCE) en el presente año de elecciones presidenciales, y sigue como el conglomerado político número uno que se dividirá con el PLD y el PRSC el 80% de los fondos que entrega el Estado cada año.
En 2011, año no electoral, el PRD recibió RD$157,589,000 de la JCE y RD$881,000 de los legisladores como cuota de aportes.
Sus posesiones y los fondos que recibe cada año también hacen al partido objeto de crédito. De hecho, el local nacional estuvo hipotecado por un préstamo de RD$100 millones del Banco Popular, que estaba previsto saldarse para 2012 con los recursos que entregó la JCE.
Así las cosas, el pleito entre “miguelistas” e “hipolitistas” involucra mucho más que el resentimiento y la incomprensión personal, y mucho más que el castigo por la traición que cada uno le atribuye al otro, sin descartar que estos elementos hayan sido detonantes o que maticen los discursos y los estados de ánimo de los protagonistas de esta batalla.
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