Miranda protegida

La República asiste a una fase de su existencia en la que su escaso desarrollo institucional, facilita una convivencia fundamentada en la guerra de intereses y de grupos particulares, la cual se estimula en el marco del capitalismo neoliberal. Esa situación determina una lucha frontal entre los grupos que defienden los recursos naturales y el ambiente, así como también por una mayor justicia social;  y los grupos nacionales y extranjeros que se orientan por el fin de maximizar la rentabilidad de los negocios, sin darle importancia a los daños causados al medio ambiente y a la explotación humana.
    
Esa dinámica de lucha es la que se está dando en el país en relación a las explotaciones mineras, sin que surja una posición intermedia donde se asuma una conducta más racional donde ambas posiciones lleguen a una transacción deseable. Esa avenencia se tendría que buscar mediante la concepción sobre el desarrollo sustentable, donde la explotación minera se permita, a fin de aprovechar las riquezas naturales, pero haciéndolo de tal manera que se respete el ambiente y se remedien con efectividad y responsabilidad empresarial los daños causados por la actividad minera. Por eso esas actividades deben partir de estudios de factibilidad técnico-ambiental válidos, para lo cual los órganos públicos que regulan esas actividades no sólo deben disponer de una política y estrategia de explotación mapeada y zonificada del territorio minero del país, sino que deben hacer respetar las normas y disposiciones que aseguren una intervención inteligente y respetuosa del medio ambiente. Por la ausencia de esas políticas y esas estrategias, además de la pobreza institucional del Estado y sus incumbentes, es que se ha hecho tan tortuosa y perversa la lucha entre los sectores dispuestos a que se ataque a Loma Miranda motivado por la minera Falcondo y  los ambientalistas cuasi rabiosos y patriotas que luchan por su preservación como Parque Nacional.  
    
En ese enfrentamiento los estamentos del Estado han asumido posiciones divididas: los órganos del gobierno como el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Minería o se han pronunciado a favor de la explotación de Loma Miranda o han sostenido una posición ambigua que en todo caso favorece a la empresa minera. Por su lado, el sector político congresional, también ha mantenido una posición ambivalente dándole larga al conflicto, como si quisiera esperar el momento oportuno para dar un zarpazo en contra de los “ambientalistas” protectores de Loma Miranda.
    
La resistencia del amplio sector que defiende a Loma Miranda ha encontrado un aliado estratégico en la Justicia, la cual hasta el nivel del Tribunal Constitucional ha fallado de forma favorable, prohibiendo su explotación por parte de la minera. El último fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratifica esa decisión de la Justicia, con lo cual se consolida la posición de los sectores que han defendido la proclamación de Loma Miranda como Parque Nacional o área protegida. Luego de esa decisión, sólo queda que el Congreso y el Gobierno respeten las decisiones del Poder Judicial y la voluntad del pueblo a favor de Loma Miranda.  

¡Qué sea la Justicia la que decida; y ya decidió!