La crisis eléctrica es una de las causas motivadoras de múltiples protestas sociales que escenifican los usuarios de este servicio público en diversos puntos de la geografía del país, a consecuencia de las altas tarifas, los prolongados apagones y los continuos problemas relacionados con el cobro del servicio. Esos problemas que forman parte de la cotidianidad que molesta, no estaban previstos cuando se decidió la privatización de la electricidad. Por el contrario, se vendió la idea de que con la privatización se resolverían los graves problemas del servicio, incluyendo el subsidio del Estado. Nada se cumplió con la privatización y por el contrario, la ineficiencia del servicio y la pesada carga financiera que ha alcanzado ya no se pueden soportar ni por el gobierno, ni por la población.
Esa realidad nacional que describe el fracaso del sector privado en el ofrecimiento de un servicio público, se ha manifestado con toda crudeza y primitivismo en la comunidad de “Las Terrenas”, Samaná, donde la población cansada de las altas facturas eléctricas y el mal servicio, ahora tiene que sufrir un conflicto interno de la empresa privada que maneja el servicio mediante concesión del Estado. El conflicto que enfrenta a los socios de la compañía concesionaria ha agravado el mal y caro servicio, provocando la doble facturación, apagones y otros problemas que prácticamente han interrumpido el importante servicio eléctrico, en una comunidad que vive del turismo.
La situación ha levantado la protesta de la comunidad de Las Terrenas, de tal manera que los desórdenes ya arrojan un saldo de dos víctimas fatales, así como heridos y detenidos. Es una situación inconcebible, donde la población se encuentra indefensa y sin ninguna autoridad en capacidad de abordar y resolver, con seriedad y profesionalidad institucionalizada, la situación creada y derivada de una privatización que enseña la maldad del llamado “capitalismo salvaje” que en nuestro país tiene que ser sometido a una fuerte regulación del Estado de modo que las empresas privadas no solo obedezcan al afán desmedido del lucro de sus propietarios, sino que sirvan al mismo tiempo a los intereses de la población servida. Esa forma de una economía deficiente con malos servicios, que empobrece a la vez que se deslegitima, tiene que ser regulada por el Estado con otra visión y criterios para que la Empresa no solo alcance la eficiencia en los servicios, sino que contribuya al bienestar de la población y no a su malestar; y para que de esa manera alcancemos un orden económico donde Estado y Empresa se legitimen y se fortalezcan como fuente principales de la estabilidad y la paz sociales.
Qué se resuelva
Las autoridades están obligadas a entrarle al servicio eléctrico en Las Terrenas. Esa situación es una desvergüenza, además de inaceptable por perjudicial para la población y para el turismo de la zona. La situación, también, ha de servir de referencia en el debate que se ha iniciado para el Pacto Eléctrico, donde las irracionalidades salvajes del lucro empresarial deben moderarse para que se sometan a los dictámenes del Buen Mercado y no a las ambiciones desmedidas de la avaricia fáctica de los poderosos.
jueves, 20 de noviembre de 2014
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