Justicia frustrante

El caso del senador de SJM sometido a la Justicia por el Procurador en su versión de medidas precautorias contra los bienes del prevenido, y frente al cual un juez de la SCJ ha favorecido al inculpado en contra de la Procuraduría, tiende un manto de protección que frustra la lucha de la ciudadanía y del propio gobierno en contra del flagelo de la corrupción.
    
Esa frustración la manifiesta el Procurador cuando reaccionó señalizando que “ha sido frustrante la lucha contra la corrupción en el país por los pobres resultados”, al tiempo de reiterar su convicción de que “República Dominicana necesita vencer la cultura de la impunidad en la administración pública”, advirtiendo que “si los organismos no juegan su rol se deteriora el Estado de derecho, las instituciones y la población pierde  confianza en las entidades llamadas a protegerla”.
    
Esa visión del Procurador además de confirmar el fracaso y debilidad de la institucionalidad del Estado en nuestro país, confirma la percepción generalizada de la población de que la Justicia frente a la corrupción más que obrar de acuerdo a los cánones del derecho y la  justicia, responde a los intereses del poder económico y político, que es quien dictamina los dispositivos de los fallos judiciales a favor de los corruptos o delincuentes, con lo cual se disuelve el Estado de derecho y toda institucionalidad basada en la Ley, la racionalidad y la ÉTICA.
    
La frustración del Procurador es también la frustración de los sectores que, pese a todas esas experiencias negativas, aspiran por una República Dominicana donde algún día reine un Estado institucionalmente organizado basado en la vigencia del estado de derecho y donde impere la autoridad de la Ley y la civilización, por sobre la impunidad que impide una justicia independiente, aplicada por jueces probos y creíbles, y no por simples miembros apandillados con las camarillas primitivas del poder.
    
Pero para que esos ideales  se hagan realidad y los propósitos del Procurador se conviertan en logros ordenadores de la institucionalidad de la Justicia, se precisa que el Procurador sea acompañado de una legión de ciudadanos, de un gobierno y de una clase dominante convencidos y deseosos de que en República Dominicana no siga siendo un refugio de la corrupción y la impunidad, así como un espacio para una economía de los ilícitos y los privilegios irritantes en contra del pueblo, expresiones de un orden social de injusticia y salvajismo.
¡Por Dios que reine la Justicia!