Desorden presupuestal en el 2012

La auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria del 2012, puso en evidencia graves irregularidades cometidas por el Gobierno pasado. Se ha reseñado que más de 200 mil millones de pesos gastados carecen de los soportes necesarios, lo que imposibilitó que los auditores pudieran emitir su opinión al respecto. En ese orden, no fueron comprobados unos 101 mil millones reportados como inversión de capital, así como unos 87 mil millones reportados como remuneración a empleados sin los comprobantes de lugar.
    
Haciéndose eco de esa auditoría, FINJUS ha hecho un planteamiento público que califica de “inaceptables” las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, al tiempo de exhortar a la propia Cámara y al Congreso  hacer uso de las prerrogativas que le confiere la Constitución y las leyes para esos casos. El manifiesto de la FINJUS, resalta que en el manejo de los gastos y los ingresos correspondientes al año 2012, el Estado incurrió en faltas “tan graves” como la violación al tope sobre el déficit aprobado.     
    
El escándalo que encierra la situación develada por la CC, pone al descubierto el desorden reinante en la administración pública y, en particular, en la administración financiera de Fernández. Pero ese desorden es al mismo tiempo revelador de la pobre institucionalidad organizativa del Estado, la cual es aprovechada por la corrupción y lo peor es que propicia la impunidad operada por una clase política de origen social “furufesca”, que Román Franco llamaría, según su afamada columna periodística “minicosas de un latidesorden”, de los “hocico-untaos”, y que como tales sólo aspiran a llegar y controlar las posiciones públicas para apropiarse de forma privada de los recursos públicos y ascender a los estamentos que conforman la clase económica dominante.  
    
Por esa pesada realidad característica del contexto político actual, se hace posible el desorden denunciado por la auditoria de la Cámara de Cuentas retomada por FINJUS. Por lo mismo, también se hace un pesado desafío para el país, el propósito nacional de superar la vigencia  de tan horribles indicadores de la inmoralidad reinante en la clase política criolla, de modo que el Estado se oriente con mejores prácticas administrativas, más efectivas, más racionales y más respetuosas al marco jurídico definido por la Constitución y las leyes.
¡Urge, pues, eliminar el déficit moral, para evitar el déficit fiscal de los gobernantes criollos!