El reino de la impunidad

Uno de los problemas más reveladores del desorden y de la debilidad de la institucionalidad del Estado, es la impunidad, la cual no permite la sana administración de la Justicia y, por el contrario, promueve el estado delincuencial reinante que amenaza con desintegrar el orden social cohesionado y la pobre democracia. Son innúmero los casos de actos violatorios de las leyes y de la propia Constitución que se van sucediendo. Los mismos desbordan a la Justicia y los órganos encargados del orden público y de la política criminal del Estado, conformando el cuadro nacional de la impunidad.  
    
Las posibilidades de violar la Ley y de quedar impune está asociada al poder que alcanzan los individuos, principalmente, poder económico y político, poderes que se acrecientan, con frecuencia, recurriéndose precisamente a la violación de las leyes. Por eso se dice que detrás de cada fortuna o de cada poderoso hay un crimen o un acto delictivo. En el caso de nuestro país, donde la impunidad alcanza niveles de alta preocupación, la misma ha sido estimulada desde las altas esferas del poder económico y político de la Nación.
    
En esta fase del “capitalismo salvaje” neoliberal, donde proliferan los actos de violación a la Ley y de impunidad, políticos y empresarios han propiciado una simbiosis poderosa que les ha permitido acrecentar y acumular un gran poder, controlando el flujo del capital a través de los mega-proyectos y todas las fuentes del poder político institucional del Estado. De ese modo, se han asegurado la impunidad por la comisión de ciertos hechos delictivos cometidos en la gestión del poder. Con el control de la institucionalidad del poder y con el uso de un amplio aparato comunicacional de legitimación, han logrado que ciertos actos delictivos cometidos, que son verdaderos hitos en su labor de acumulación primaria del poder, se hayan diluido en los medios, hasta alcanzar el punto de la indiferencia de la opinión pública, al tiempo de paralizar  la autoridad, la cual entonces tiende el manto de impunidad necesario para tapar el origen del poder mal habido.   

Delitos sin consecuencias

Caen en esa situación los resonados casos de la Sun Land, entre otros muchos, y más recientemente, la auditoría de la Cámara de Cuentas, donde se estableció que en la ejecución presupuestaria del 2012, unos 187 mil millones de pesos carecen de soportes que lo justifiquen, al tiempo de que se cometió la falta gravísima de sobrepasar el tope del déficit aprobado por el Congreso. Pese a la gravedad de esos hechos, los mismos han sido tragados en los medios y las autoridades no se dieron por enteradas, poniéndose en evidencia su compromiso con la impunidad.
    
Se trata de un cuadro dramático que evidencia con toda crudeza el retroceso sufrido por la débil institucionalidad democrática, amenazada de muerte por las nuevas mafias dominantes en capacidad de imponerse a todos, pasándole por encima a la Ley y la Constitución.

¡Pobre democracia en el reino de la impunidad!