Opera a favor de ese azaroso desenlace el estado de descalabro de la institucionalidad de la Nación, donde los actos respetuosos del Marco Jurídico de la Nación y del sistema de autoridad, son actos de excepción que confirman el estado “salvaje” en que está cayendo el desenvolvimiento de la vida social y económica de la gente, dominada por la fuerza bruta de los intereses particulares de las oligarquías y los frentes políticos que se aferran a las posiciones públicas como fuentes de enriquecimiento y de poder. Ese clima de “institucionalidad salvaje” no sólo hace cada vez más insegura y angustiosa la vida ciudadana, estimulando el crimen y la arbitrariedad, sino que coloca a los actores sociales en la necesidad casi obligatoria de recurrir a los mecanismos de fuerza y a la acción irracional para sobrevivir.
Es la reflexión que brota de la situación creada por la dinámica que se ha dado últimamente en el Congreso, donde los diputados rechazaron la Ley aprobada por los senadores sobre Loma Miranda como Parque Nacional, induciendo al Senado a derivar el proyecto a una comisión de estudio, con lo cual la iniciativa se irá para una nueva legislatura dándosele larga a su aprobación. La situación ha provocado la reacción de la Iglesia Católica, la cual ha denunciado la ocurrencia de “irregularidades” que han seducido a varios diputados doblándole su posición ahora a favor aparentemente de los intereses de la empresa minera, para que no se apruebe la Ley de Loma Miranda y se permita su “explotación” que habrá de salvar el estomago de unos cuantos “miserables” y la ambición sin límites de unos “emprendedores” multinacionales dispuestos a operar como “buitres salvajes” en contra del ambiente y del pueblo en general.
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