Combate a la corrupción

Los medios de comunicación, en especial aquellos dedicados a programa de investigación periodística, han aportado mediante denuncias públicas abundante evidencia sobre la corrupción que abate a la Nación, desde el Gobierno Central, el Congreso, la propia Justicia y el poder municipal, donde en este último ámbito se han denunciado verdaderos casos escandalosos de corrupción. Ha sido tan profusa la ocurrencia de actos de corrupción denunciados que luce que la misma constituye una pauta central del comportamiento nacional, el cual arranca del concepto que guía el ejercicio del poder, ahora reforzado con el moderno concepto de la política como negocio.   
    
Lo peor de la situación es la falta de iniciativa de parte de los órganos del Estado responsables de combatir la corrupción, dada su estrecha vinculación con los grupos políticos que dominan o tienen influencias en el quehacer de los órganos del Estado. Esa situación ha dado lugar al fenómeno, no menos pernicioso de la impunidad, el cual no sólo favorece a los corruptos, sino a toda clase de delincuentes y criminales que hoy día abundan en toda la geografía nacional.   
   
La amplitud de la impunidad  ha tendido un manto  protector a la corrupción que ha hecho que algunos opinadores públicos le llamen a los órganos del Estado encargados de combatirla, órganos de protección de la corrupción, los cuales han estado más prestos y ocupados para archivar expedientes o descalificarlos por falta de la adecuada terminología en los Códigos que tipifiquen  las ilicitudes como faltas punibles.  Así, la corrupción se ha convertido en un eje transversal que, como la columna vertebral, recorre todo el cuerpo que conforma el tejido social del país.
    
En ese contexto llama la atención que el órgano de la Procuraduría encargado de la persecución de la corrupción, de manera inusitada y excepcional, como para confirmar el grave estado de la corrupción en el país, asumió la iniciativa de instrumentar el expediente de corrupción que ha recaído sobre el sindico de SFM, procediendo a someterlo a juicio y acusándolo de una serie de ilícitos que habrán de ventilarse en Justicia. Independientemente de la culpabilidad o no en este caso, se trata de una iniciativa tan novedosa y original que hay que aplaudirla, al tiempo de que merece felicitar a la Procuraduría y a la encargada del DEPRECO, el DPCA o como se denomina ahora el PEPCA. 
    
Ojalá que esa iniciativa forme parte de un vigoroso plan de acción que de inicio a una cruzada contra la corrupción, plan al que deberán integrarse varias dependencias públicas, entre ellas la Cámara de Cuentas, la Contraloría y sobre todo el propio Poder Ejecutivo a partir del Presidente de la República. El país tiene que revertir la tendencia destructiva de la corrupción, antes de que la misma precipite la disolución del orden social en la República. Por esa vía se daría el ejemplo y de seguro esa perniciosa tendencia se debilitaría y con ello el clima general de delincuencia y criminalidad, muy estimulado por la corrupción  proveniente de los órganos del Estado.