Resabio energético

La decisión del Gobierno de construir dos plantas a carbón, ha provocado una reacción negativa en el sector eléctrico privado, en particular dentro de los generadores, quienes no ven con buenos ojos que el Estado vuelva al esquema de la estatización de las actividades económicas. Contrario a ello, en el  Congreso, senadores y diputados, se han manifestado en defensa del derecho del Estado a generar electricidad. Se vuelve a la vieja discusión de la estatización y la privatización, según la cual el sector público no debía manejar empresas económicas por su evidente ineficiencia derivada de sus compromisos políticos y partidarios. Así el sector privado legitimaba la creencia de su alta eficiencia en el manejo de empresas. 
    
Para  los años 80, sólo una de las voces más lúcidas y preclaras del sector privado, Don Luis Crouch, uno de los mentores de APEDI y de la visión desarrollista dentro del concepto del Estado de Bienestar, cuestionaba la pretendida eficiencia del sector privado en comparación con la intervención estatal.  La legitimidad de la eficiencia del sector privado cobró mayor  vigencia y fuerza  cuando a partir de los 90 el contexto internacional impuso en el país el modelo de economía  neoliberal, con el cual se  favoreció, especialmente a partir del 1996, la privatización de las empresas económicas propiedad del Estado, pasándose a destruir el emporio azucarero estatal  y la corporación de empresas estatales, así como la entrega al sector privado multinacional del sector energético. Se vendió la falsa idea de que con la privatización de la CDE desaparecerían los apagones,  el subsidio estatal y la electricidad seria más barata y confiable, como consecuencia del milagro de la eficiencia privada.
    
Sin embargo, las condiciones concedidas a los privatizadores fueron tales que dieron lugar a la elevación desconsiderada, fuera de los designios del Mercado, de los costos de generación y precios de venta, que determinaron  niveles de beneficios que hicieron del negocio eléctrico en RD la operación más rentable de la región. Pero lo peor de ello, fue que esa estructura de costo-beneficios establecida, dio lugar a la emergencia de un poder fáctico por encima del poder de los gobiernos.  Así las cosas ese poder no sólo no tiene  necesidad de expandir y modernizar la capacidad de generación, sino que, por el contrario, tal como lo evidenciaron informes técnicos del BID, han pasado a boicotear los proyectos de generación que puedan alterar  una  situación que sólo le conviene a ellos y perjudica a toda la Nación.          

Qué intervenga el Estado

Los resultados de la utopía de la eficiencia del sector privado han sido: la más cara electricidad; los más grandes apagones; y el creciente subsidio que amenaza la sustentabilidad financiera de la Nación. Por eso hay que apoyar los esfuerzos del Gobierno con las plantas a carbón y más que eso, para que promueva una “revolución democrática” que tumbe la actual estructura de costo-precios del sector eléctrico, renegociando los contratos, para iniciar la solución de tan largo problema y tenga lugar la emergencia de un sector privado más “cristiano” y cónsono con la creación del “Estado de Bienestar”.