Más sobre pobreza institucional

El rector de UTESA en su último discurso de graduación afirmó que la “sociedad cada día se encamina hacia la carencia de límites, reglas, controles, normas y leyes que minimicen los riesgos y la inseguridad que impiden la equidad y la vida humana en paz”. Se trata del reconocimiento de la existencia de un estado de anomia social, es decir, de ausencia de normas que ordenen la convivencia humana. La situación descrita, en otras palabras, es sinónimo de pobreza institucional, en general de toda la sociedad y en particular del Estado.    
    
Se trata de una situación típica, tal como la definiera uno de los sociólogos clásicos de Latinoamérica más reconocidos, como lo fuera Gino Germani, quien descubrió que en la transición de las sociedades tradicionales a las modernas, se dan situaciones donde los sistemas de pautas tradicionales se refuerzan con los nuevos esquemas normativos que introduce la modernización. En nuestro caso, esa situación se observa con toda crudeza en el hecho de que la vieja cultura del “estado patrimonialista” particularista y personalista, forma una simbiosis con la moderna cultura del “estado minimalista” que trae consigo la moderna economía neoliberal, para la cual la funcionalidad del Estado debe reducirse para que sea el Mercado el automático regulador de todo acto humano. Esa transformación del rol del Estado, en el contexto de un país subdesarrollado como el nuestro, se ha traducido en la incapacidad del Estado para resolver las funciones que les competen en muchos órdenes. Por eso la pobreza institucional y el estado de anomia social, tal como lo formulara Príamo Rodríguez. 
    
Dos ejemplos de reciente impacto vienen al caso: el problema migratorio, el cual descubre la pobreza institucional del Estado, incapaz de haber establecido: Primero, un sistema institucional para controlar con efectividad la frontera, los puertos y aeropuertos; Segundo, un sistema de regulación de los inmigrantes legales e ilegales; Tercero, un sistema de repatriación de los inmigrantes ilegales; y por último, un sistema de contratación regulado y controlado de mano de obra extranjera, de común acuerdo con los empresarios. En vez de mirar esas ausencias y debilidades institucionales, el Estado se ha dejado confundir convirtiendo un problema migratorio en un problema de nacionalidad, y ahora el país se encuentra en una situación más delicada para defender la nacionalidad y la soberanía, y peor aún, para abordar el problema migratorio en medio de una frontera institucionalmente desguañangada y un decreto que prohíbe la repatriación. Materialmente ahora las condiciones están dadas para que entren más ilegales y salgan menos. Y seguimos mirando para donde no es, demostrando nuestra disposición mental a la improvisación, como buenos representantes de la personalidad dominicanista del “medalaganario”