La institucionalidad en el Estado

por: Glenis E. Féliz

Concepto de institucionalidad “es el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola” (Correa, 1999). Del mismo modo, parafraseando a Piu Daeza, lo institucional supone un proceso sistemático de consolidación (permanencia y uniformidad) de conductas e ideas a través de medios e instrumentos (organizaciones y normas) para alcanzar un fin social, cuya expresión práctica se asimila como valores.

Analizar la institucionalidad en el Estado dominicano causa, a veces,  impotencia, digo esto a propósito  de uno de los temas más debatidos en los últimos días en los medios de comunicación, específicamente (el asunto de las pensiones) y las situaciones que puede provocar a nivel institucional el no actuar drásticamente y poner ejemplo, que es una de las cosas que hacen falta en este país.

Establecer mecanismos para que un asunto se instituya, nunca debe estar en manos de una persona, debería ser el producto de un conjunto de acciones socializadas, como plataforma legal y legítima,  sobre todo si trata de un manejo justo de los recursos del Estado.

Lo ideal debería ser, que las personas pensionadas por el Estado, lo sean con un ajuste automático, referente al sueldo mínimo y la tasa de inflación,  para protegerlas de caer en la indigencia y las que luego son contratadas porque se necesita de sus conocimientos y sabidurías,  no tengan la necesidad de renunciar a la pensión,  porque exista un sistema de ajuste, pero a través de mecanismos institucionales que garanticen la acción (la pensión o el salario) en la medida de lo legal, y desde una estructura sistemática  en la aplicación que corresponde a cada “ciudadano y ciudadana” para estos casos, (hay pensiones por años cumplidos, por incapacidad, y por gusto), ante situaciones como estas debe haber un sistema fortalecido, funcional y competente, para cumplir como manda la Constitución  ser un Estado Social Democrático y de Derechos.

Al reflexionar sobre la palabra “institucionalidad” en lo referente a los mecanismos de control que sirven para crear las condiciones estructurales e integrales de la sociedad, hablamos del ideario de igualdad de posibilidades entre actores, de lo contrario estaríamos en un Estado desordenado y por demás injusto.

En un Estado Social Democrático y de Derechos no puede haber la mínima oportunidad para que un grupo sea beneficiado en detrimento de los demás,  mucho menos que puedan tomar iniciativas para favorecerse,  creando trajes a la medida, como  apócrifos  reglamentos para pensión.  Llama a preocupación el hecho de que sea un escándalo público, el que provoque la reacción del gobierno,  cosa  evitable mediante un sistema de registros y control automatizado.

Por último, es importe hacer alusión a los comentarios sobre el decreto 615-12, en el cual el presidente Danilo Medina, nombra el nuevo Contralor General de la República,  es un alivio saber que la mayoría aplaude la acción y felicita al gobierno, pienso que fue justo, la gente espera justicia más que promesas. Pecar de ignorante es creer  que este es el único caso, muchos arribistas se pensionan para luego buscar posiciones de poder y el Estado se hace cómplice,  los hay con dos pensiones de cientos de miles de pesos del erario público y a la vez  ocupan posiciones importantes en el gobierno, hasta de embajadores. 

El esfuerzo debe ser mayor que las promesas y,  ante lo injusto, la mano implacable y las decisiones firmes del  presidente, serán aplaudidas.