FINJUS y Ley de Partidos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha hecho pública una radiografía del contenido del proyecto de Ley de Partidos propuesto por el PLD, que devela la concepción antidemocrática y anticonstitucional de la cúpula de esa organización partidaria, cúpula que está dando claras notaciones de que sufre los efectos que produce la “Ley de hierro de la oligarquía”, figura sociológica mediante la cual se explica cómo un grupo que conforma la élite de un grupo político, a medida que ejerce el poder se aparta de sus bases y se adhiere a las formas de pensamiento oligárquico alejándose de sus bases sociales.    
    
De acuerdo de ese fenómeno de enajenación conceptual y vital, se puede explicar y comprender cómo la cúpula del PLD al ejercer el poder político y haberlo aprovechado para ascender económica  y socialmente,  al tiempo de controlar todas las fuentes del poder del Estado, se ha convertido en una oligarquía con una visión y una vocación contraria a la cultura de la democracia que lo ha llevado a desafiar a su propio  marco jurídico constitucional.    
    
A esas conclusiones se llega si se comprenden las críticas formuladas por la FINJUS a la propuesta del PLD sobre la Ley de Partidos. Una Ley de partidos es un marco regulador delsistema de partidos que debe partir de un amplio consenso que respete la Constitución y que propicie la más amplia participación ciudadana. De acuerdo al análisis pormenorizado de los artículos que contiene la propuesta del PLD, según la FINJUS, se desnaturaliza la función de los partidos al no tomar en cuenta la conciencia y la cultura democráticas, por lo que de aprobarse se fortalecerían las fallas actuales del sistema de partidos en nuestro país. Se estimularían: la falta de transparencia; la escasa participación de la mujer en puesto de dirección política; la poca idoneidad de los candidatos seleccionados; se consolidaría el tráfico de influencias, el transfuguismo y el clientelismo. Asimismo se debilitarían los procesos de la democracia interna en la elección de las autoridades y representantes de los partidos, al tiempo que los partidos quedarían sin supervisión ni regulación en el manejo de los fondos y de sus procesos internos de parte de los organismos como la JCE, el TSE y demás órganos jurisdiccionales que tienen responsabilidad constitucional en la supervisión de los partidos. 
    
En fin, la propuesta del PLD fortalecería el estado actual de los partidos, que favorece al partido de gobierno, el cual tendría todo el campo abierto para dominar el espectro partidario y para consolidarse como partido hegemónico y único, que encarnaría el pensamiento único y totalizante de la nueva oligarquía que gobierna al PLD y al país. Llegaríamos por esa vía al nuevo Partido Dominicano, estructura partidaria que fuera responsable de la dominación infinita en el tiempo en la Era de Trujillo.
    
Las observaciones de la FINJUS merecen la atención de la ciudadanía y de los sectores sensatos de vocación democrática, porque evidencian la concepción antidemocrática y anticonstitucional de un partido que dispone de todas las capacidades para instalar en el país una nueva dictadura.

¡Paren ese retroceso!