Politización de la Justicia

En una democracia de escasa institucionalidad y reducida vigencia del estado de derecho, se observa con frecuencia que los grupos, partidos o caudillos quieran no sólo ejercer el Poder Ejecutivo, sino además controlar la Justicia y el Congreso Nacional. Esa tendencia a la monopolización del poder político, fue clara en la Era de Trujillo, también en los períodos de los gobiernos del Dr. Balaguer y ahora en la Era del PLD. Esa tendencia se puso de relieve en la conformación  de los integrantes de las Altas Cortes, la SCJ y el TC, cuyas designaciones resultaron un reparto acordado entre el líder del PLD, de entonces, y el Presidente del viejo PRD.
    
Muchos fallos de esos organismos jurisdiccionales han sido el fruto de esa influencia partidaria particular, para crear condiciones políticas de conveniencia privada. Por eso se han observado las decisiones viciadas en los fallos de la JCE, el TSE y en el mismo TC, cuando se trata de procurar la división del mayor partido de la oposición, el PRD, para que el partido oficial logre eliminar el único obstáculo que pondría en peligro el triunfo continuado del PLD. A ese propósito se ha prestado el Ing. Miguel Vargas desde el PRD, ahora minoritario, forzando a los excluidos a formar una nueva figura partidaria, cuya realidad corresponde al PRD Mayoritario, pero cuyo nombre fue objeto del regateo de esa estrategia y de ese control del PLD de esos órganos jurisdiccionales.
    
La situación descrita es reveladora del peligro que está corriendo la democracia en el país, en circunstancias en que un partido, que es partido de gobierno, no sólo controla el Ejecutivo y el Congreso, sino también la Justicia, además de disponer de un gran control de la prensa y losmedios de comunicación masiva. Ese gran poder también se está manifestando en segmentos de la Justicia que todavía permanecen fuera de ese gran poder del partido hegemónico.    
    
Es así como la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha denunciado públicamente que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha sido desmantelada, trasladando y degradando a los jueces que fallaron a favor de Loma Miranda y en contra del impuesto a las compras por Internet, en una acción que se entiende como una retaliación contra esos jueces por no haber fallado de acuerdo a los designios del poder. Se trata de una decisión que agrava y debilita el estado de derecho y la vigencia del principio de la separación de los poderes y que confirma la percepción de que en el país se está instalando un régimen caracterizado por la dictadura del partido único.    
   
La situación no sólo atemoriza a muchos sectores incluyendo a las cúpulas empresariales que ven peligrar su autonomía y dominio económico, sino a vastos sectores de la clase media que ven peligrar su status quo, al ponerse en riesgo el régimen de la democracia, cuyos valores y principios fueron banderas de la lucha de muchos de sus antecesores, quienes ofrendaron sus vidas por la instauración de un régimen de libertades y de democracia en la República Dominicana.

¡Rechacemos la politización de la Justicia!