La reciente Cumbre de la Alianza Bolivariana (ALBA) y Petrocaribe celebrada en Caracas, fue el marco internacional donde RD y Haití, a través de sus Presidentes Medina y Martelly, acordaron reanudar el diálogo interrumpido, decidiendo conformar una Comisión Bilateral del más alto nivel para tratar los problemas entre ambos países. La decisión contó con la asistencia del Presidente Maduro de Venezuela, cuyo gobierno ha servido de mediador en el diferendo surgido entre las dos naciones caribeñas que comparten la Isla Española.El diferendo se ha magnificado luego de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que dictaminó que los hijos de padres haitianos irregulares en el país desde 1929 no son dominicanos, ratificando y legitimando la decisión administrativa aplicada por la JCE desde el 2007, cuando ésta comenzó el proceso de despojo de los documentos de identidad a más de 200 mil personas afectadas por la decisión. Previamente a la algarabía causada por la sentencia del TC y que ha ameritado la visita al país de la CIDH y la reacción negativa de otros organismos internacionales que han calificado la decisión como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, el propio gobierno haitiano había tomado decisiones unilaterales en materia de la importación de productos de origen dominicano que perjudicaron a empresarios y comerciantes que exportan productos nacionales hacia Haití.
Por esa doble complicación entre los dos países, es de toda racionalidad que los gobiernos hagan esfuerzos para normalizar y avanzar en la mejoría del clima en las relaciones entre los dos países. Por eso hay que considerar atinada la posición del Presidente Medina y la del Presidente Martelly, al decidir la conformación de la Comisión Bilateral, para que, mediante la reanudación del diálogo, ambos gobiernos busquen solución a los problemas comunes en materia de migración y de comercio.
Para ese diálogo se hace imprescindible que los comisionados se despojen de todo prejuicio histórico y de actitudes “medalaganarias” y arbitrarias, que sólo sirven para obstaculizar la concertación de medidas y procedimientos que permitan que los dos países avancen en regularizar y ordenar los procesos migratorios y comerciales atendiendo a los intereses comunes y compartidos. En esas negociaciones deben dejarse de lado enfoques de extremo “sentimentalismo” y de extremo “nacionalismo” con frecuencia matizados por la brutalidad emotiva, para que fluyan posiciones racionales y formalizables que viabilicen la aplicación de mecanismos prácticos que garanticen un mejor desempeño en las relaciones entre las dos naciones.
¡Adelante con el diálogo civilizado y racional!
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