Porque, aún aceptando que desde que se inauguró la Administración del Lic. Danilo Medina en agosto del 2012, se ha controlado el gasto público, se han reducido montos diversos de cuentas del gasto corriente y en sentido general se tiende a bajar los montos de las cuentas de personal (dentro de los gastos corrientes), todavía el Estado Dominicano tiene un costo elevado para las posibilidades de un pueblo relativamente pobre y en el cual las desigualdades económicas abren abismos insondables; y ese enorme costo, por supuesto, el Gobierno Dominicano intenta cubrir extrayendo más recursos de los contribuyentes.
Recientemente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hizo público un estudio revelador de las desigualdades sociales y económicas del país, y, sobre todo, de la incapacidad del Gobierno Dominicano para impulsar el crecimiento igualitario y un eventual desarrollo en todas las divisiones geopolíticas, que permanecen ajenas a esos impulsos y estímulos, por lo cual carecen de potencial contributivo para sostener a ese Estado caro.
Vale la pena recordar que los productos que resultaron gravados con el ocho por ciento del itebis, se encontraban exentos de este impuesto, entre otras razones, porque desde la imposición de tal gravamen se juzgó improcedente aplicar tributos a productos esenciales para la alimentación popular. Pero cuando un Estado caro, una superestructura jurídico-política costosa, tiene ansias de nuevos ingresos, carece de miramientos y aquellos criterios que prevalecieron en el ayer, fueron olvidados cuando la legislación tributaria fue, por nueva vez, reformada para cargar con más impuestos directos a los dominicanos.
Es valedero en razón de estos razonamientos, los reiterados pedidos que hacen por igual comerciantes mayoristas y minoristas e industriales, cuyas ventas se han resentido en el último año con solamente aplicarse el itebis sobre aquellos bienes de consumo antes exonerados por el peso de tales bienes en las mesas de los más necesitados y un Presidente de la República que ha mostrado sensibilidad, como lo es el Presidente Medina, debe atender tales solicitudes y desoír a los funcionarios que están ansiosos de ingresos, sin medir las consecuencias sociales y políticas de un tributo ya aprobado legalmente, pero no necesariamente aceptable para los sectores más empobrecidos.
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