Es percepción generalizada la debilidad institucional del Poder Judicial. La disfuncionalidad de la Justicia evidenciada en muchas decisiones aberrantes, ha corrido pareja con la impunidad y la falta de consecuencia para tantos actores sociales que han demostrado su vocación y su decisión de vivir maximizando utilidades mediante comportamientos violatorios de la Ley y la Constitución de la República. Por esas razones el país da la sensación de vivir en el caos y el desorden, dentro del cual los delincuentes parecen actores decisivos en la toma de decisiones, debilitando, con su influencia y penetración en los propios órganos del Estado, la institucionalidad en el país.
Dentro de ese marco contextual, no ha sido extraño que en República Dominicana un grupo de individuos dentro y fuera de los órganos del Estado, estuvieron al tris de lograr una hazaña, que sólo se puede imaginar en un guion cinematográfico, de robarse todo una bahía de unos 364 millones de metros cuadrados, equivalentes a unas 579,600 tareas, utilizando para ello su influencia en varias instituciones oficiales y valiéndose de “chicanas” jurídico-institucionales para emitir títulos de propiedad oficiales pero de forma irregular. Contaron para ello, además, con la complicidad de políticos y funcionarios judiciales que le dieron largas a los procesos que se iniciaron cuando se conoció la estafa, para que por cansancio la operación llegara a consumarse, hasta que el actual Presidente Medina echó para atrás la operación mercantil que oficializaría la estafa.
Con esa decisión presidencial se crearon las condiciones para que la Justicia desandara sus pasos y volviera sobre los implicados y el expediente de Bahía de Las Águilas, permitiendo que la jueza Alba Luisa Beard Marcos, produjera el trascendente fallo que restablece la propiedad de esa zona protegida en manos del Estado Dominicano, tal como siempre ha sido. El fallo anula unos 600 títulos emitidos de forma fraudulenta y deja al Estado habilitado para disponer de esos terrenos para los planes turísticos que convenga desarrollar, los cuales han de ser cónsonos con la naturaleza de una zona protegida que forma parte del Parque Nacional Jaragua.
Verdadero fallo histórico
Pero la decisión que anula el producto de la estafa de Bahía de Las Águilas, asume el carácter de fallo histórico, no sólo porque deshizo la más insólita operación fraudulenta contra el pueblo y el patrimonio dominicanos, sino porque se da en un momento dentro del cual hacer justicia resulta excepcional, en medio de una Justicia cuestionada, muchas veces cómplice de tantas atrocidades que han echado un manto de protección y de impunidad a tontos ilícitos políticos y económicos en contra de la Nación y de las mayorías del pueblo dominicano.
Por esas razones, el fallo de la Jueza Alba Luisa es un ejemplo excepcional que marca el sendero que ha de recorrer la Justicia, para que sea respetada y creíble, y de cuya legitimidad alcance la fuerza moral y material suficientes para cumplir su sagrada misión, de modo que se fortalezca la institucionalidad del Estado Nacional.
Ese es el camino ¡Reconocimientos y Felicidades!
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