Reacciones al presupuesto

El Poder Ejecutivo entregó al Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto para el 2015, el cual ascenderá a RD$ 630,934 millones, de los cuales habrá que financiar la suma de RD$ 175,000 para lo cual el gobierno someterá al mismo Congreso la aprobación de bonos soberanos por RD$ 110,700 millones, lo que implica un endeudamiento adicional en dólares de US$ 2,500 millones. De modo que el nivel de déficit presupuestario sigue altísimo, por lo que el país habrá de seguir en la carrera del endeudamiento que hace cada vez más pesada la carga del pago del servicio de la deuda, que llegará a más del 47% del PIB, haciendo explosiva la situación del endeudamiento según lo ha dicho el propio FMI.
    
Esa estructura presupuestal que encierra serias consecuencias y limitaciones para el país, está provocando graves reacciones de los diversos sectores sociales e institucionales, los cuales se ven afectados por las restricciones o reducciones en sus partidas presupuestales. Ese es el caso del aparato judicial tanto a nivel de la Justicia, como del Ministerio Público, que reclaman una mayor asignación de recursos. Así lo dejó ver el Presidente de la SCJ y los fiscales del Ministerio Público, quienes se preparan para iniciar una campaña de protestas por el aumento salarial, aunque el Procurador de la República ha anunciado un aumento de un 25% en los salarios de esos funcionarios públicos. De igual manera el movimiento por el aumento salarial de los empleados públicos sigue en crecimiento, presionando por más recursos presupuestales. También se escuchan lamentaciones y reclamos de los profesionales de Salud Pública, de la UASD, de las ONGs y de otros tantos sectores que reclaman una mayor participación en el reparto de recursos fiscales. Frente a esos reclamos es poco lo que podrá hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso, a consecuencia de las graves limitaciones.
    
Ante ese panorama, el gobierno y el país deben plantearse con seriedad y profesionalidad la necesidad de una revisión de la estructura presupuestal, la cual ha servido de soporte a unmodelo de gestión pública basada en la dilapidación de los recursos públicos, que ha obedecido a la corrupción y al clientelismo de los propios políticos, que desde el Ejecutivo y del Congreso,  han transformado la ecuación presupuestaria poniendo el énfasis en los gastos corrientes de nómina, para financiar el activismo clientelista. Eso tiene que revertirse para que haya una ejecución presupuestaria de mayor calidad y eficiencia que responda a los diversos sectores sociales e institucionales y a las necesidades del desarrollo de la Nación.