Pactos y gobernabilidad

La ineficiencia del Estado en nuestro país se pone en evidencia en la precariedad en los servicios públicos de agua, luz, salud, educación, seguridad pública, entre otros, los cuales son cada vez más precarios, provocando el malestar, la ira y con frecuencia las protestas sociales puntuales y asiladas de la gente en diferentes comunidades del país. 

Ese panorama de ineficiencia y protestas encuentran en los Pactos la fórmula con la cual se  trata de buscar la solución institucional a esos crónicos problemas, que se han agravado y profundizado con el paso del tiempo, luego de los procesos de privatización impuestos por la estrategia de la globalización establecida a partir del 1996, cuando hicieron su entrada al país el neoliberalismo y el “capitalismo salvaje” de forma sistemática. Dos ejemplos de los daños causados por la privatización son los problemas del sector energético y el sector de salud luego de la privatización de la seguridad social. Las ARS y los generadores se tragaron la luz y la salud del pueblo dominicano.
    
La crisis de la privatización de la luz exige ahora el Pacto Eléctrico, la de educación ya tiene el Pacto Educativo, la de salud exige el Pacto de Salud, la de recursos tributarios requiere el Pacto Fiscal y así sucesivamente. Pero hay un Pacto no planteado hasta ahora que debe llamarse el Pacto por la Gobernabilidad, de modo  que se corrijan las distorsiones que la privatización introdujo en el modelo de gestión pública neoliberal aplicado por el PLD y por el PRD, sobre todo. Esa estrategia por la gobernabilidad se resume en la frase lapidaria con que la describió Leonel Fernández cuando sentencio: “pagar para no matar”. En esa frase se legitimó el falaz criterio de que para evitar la protesta social y la potencial inestabilidad de la sociedad y  de la macroeconomía,  era imprescindible que el gobierno respondiera a las nacientes y crecientes  clientelas partidarias depositarias del poder del voto, abriéndoles a dichas clientelas el Estado para que se repartieran, en su afán oportunista, las oportunidades económicas y de ascenso social que la economía no le ofrecía para satisfacer sus demandas incontrolables.   
    
Respondiendo a esa estrategia de la  gobernabilidad, el Estado se llenó de una nómina súper numeraria que ha exigido de los gobiernos enormes volúmenes de recursos presupuestarios, de donde ha emergido la enorme “boa” de la corrupción, la cual no solo provoca la ineficiencia acumulativa del Estado, sino que ha hecho que el Estado desperdicie la oportunidad de aplicar esos enormes recursos para el  fomento del desarrollo económico y por esa vía promover el bienestar de la población empobrecida.