Escándalo en España

En España se ha destapado un gran escándalo de corrupción que envuelve a políticos y empresarios, cuando un Juez puso en marcha junto con la Fiscalía Anticorrupción, la acción de la Justicia contra una red de políticos principalmente del partido en el gobierno, el PP, y también del PESOE, asociados con empresarios. La red se dedicaba al cobro ilegal de comisiones con motivo de concesiones de contratos de obras públicas que iban del 2 y 3 por ciento por cada obra adjudicada. El proceso se ha iniciado con la detención de unos 51 integrantes de la red, frente a lo cual los partidos del PP y PESOE han procedido de forma cautelar a suspender la militancia de sus miembros implicados en el escándalo. 
    
Cabe destacar del hecho, primero, que un Juez de ese país tenga la audacia y la valentía de destapar un escándalo de corrupción de ciertas proporciones que involucre a múltiples miembros de los partidos políticos, especialmente de gobierno; y segundo, que los partidos, en un gesto de seriedad y vergüenza, decidan suspender a sus miembros vinculados a un escándalo de corrupción. Esas dos conductas distan mucho de lo que acostumbran hacer aquí los jueces, pero sobre todo los partidos, los cuales frente a situaciones similares ni se dan por enterados y más bien pasan a justificar, hasta con argumentos jurídicos y de altísima “sabiduría”, los malos pasos de sus funcionarios y gobernantes. 
    
Este es el caso que se da en el país entorno a la acusación que ha formulado el Procurador General de la República contra un exfuncionario, hoy senador, a quien se le acusa de prevaricación y otros ilícitos, mientras se desempeñaba como funcionario, que le permitieron exhibir una fortuna inexplicable y cuyo volumen él mismo reconoció que desconocía su magnitud. Sin embargo, aquí la decisión del Procurador ha causado tanto encono y desasosiego entre los relacionados del imputado y su partido, de tal forma que como van sucediendo los hechos y reacciones en torno al Procurador, desatándose una cacería sobre su conducta pública, éste corre el riego, en el mejor de los casos, de ir a dar a la cárcel, por haber osado destapar un expediente, cuyas evidencias públicas lo tipifican como un caso de corrupción, posiblemente de mayores proporciones que el escándalo español.    
    
La comparación de estos escándalos, en España y República Dominicana, y el tratamiento que se les da a los mismos, descubre las diferencias entre los dos países, donde en uno, en España, se evidencia la mayor fortalece de la institucionalidad basada en el respeto al estado de derecho y la Justicia, mientras en el otro, República Dominicana, se manifiesta la gran debilidad institucional, donde las oligarquías fácticas del poder no permiten que la institucionalidad de la Justicia opere con independencia y probidad para que haya un verdadero estado de derecho basado en el respeto de la Ley, la Constitución y la moral pública.