Más de 25 casos de agresiones físicas y verbales y sometimientos ante la justicia, llevadas a cabo por oficiales y agentes de la autoridad o por ciudadanos civiles contra miembros de la prensa, se registraron en la República Dominicana en el último semestre de este año, reflejando lo quebradizo que se ha tornado el ambiente de seguridad en que los periodistas deben de ejercer su trabajo.
Si bien es cierto que durante muchos años ha prevalecido un estado general de respeto a la libertad de prensa, la recurrencia de episodios de agresión o de intimidación no sancionados ejemplarmente, cuando aparecen involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, marcan la tónica de una peligrosa tendencia que puede dañar este clima.
En uno de esos graves incidentes, cuatro periodistas resultaron heridos de perdigones mientras cubrían una marcha de protesta que dispersó la Policía Nacional en los alrededores de la mina de oro que la empresa Barrick Gold,de Canadá, planea explotar en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí, al norte de la capital dominicana. Se trata de los comunicadores Ramón Antonio Salcedo Soto y el fotógrafo Wilson Aracena, del periódico HOY, el locutor Martin Lanfranco y el productor radial Leandro Sepúlveda. En total, recibieron 37 perdigones en distintas partes del cuerpo que ameritaron de su hospitalización.
En abril, agentes policiales golpearon severamente al camarógrafo del canal 29 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Santos Aracena y a su madre, Cirila Aracena, mientras se encontraban dentro de su vivienda sin que se revelarán las causas. La Policía informó luego que se trató de una confusión.
En ese mismo mes, la periodista Francisca Ramirez, productora del programa Periodismo y Democracia, de Teleantillas, en la capital dominicana, fue agredida por un oficial del Ejército Nacional que le arrebató un cartel en homenaje al asesinado columnista y profesor universitario Narciso Gonzalez, Narcisazo, misteriosamente desaparecido en 1994, mientras un grupo de periodistas depositaba una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
Raúl Cárdenas, corresponsal de la televisora Telemicro en la provincia Sánchez Ramirez fue amenazado de muerte por un teniente de la Policía Nacional cuando cubría el traslado de este a otra dotación.
Otro periodista del mismo canal, Héctor Peña, corresponsal en la comunidad de Boca Chica, fue golpeado, despojado de su cámara y arrestado por un agente de la división antidroga mientras filmaba un decomiso de un cargamento de narcóticos que sería enviado a España.
Encapuchados que portaban armas de fuego y que protagonizaban un enfrentamiento con otro grupo de civiles en el marco de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, agredieron a pedradas al periodista Héctor Abreu Casado, del periódico Hoy y al equipo de cámaras del noticiario televisivo SIN en la ciudad de Azua, al sur del país. La cámara filmadora fue destruida por los desconocidos. Días después, el periodista denunció que estaba recibiendo continuas amenazas de muerte a través de llamadas anónimas.
En la noche de las elecciones presidenciales dominicanas, la Junta Central Electoral ordenó el cierre de las televisoras Telesistema, canal 11, y Supercanal 33, acusadas de violar la ley electoral 297-07 que impide la difusión de resultados electorales no oficiales antes del veredicto formal de ese tribunal. Las emisoras retornaron al aire al día siguiente.
Ese mismo día, las autoridades arrestaron a José Miguel Gómez Canaán, uno de los principales ejecutivos del portal de internet ElSiglo21.com.do, acusado de pretender "hackear" el centro de cómputos de la Junta Central Electoral. Fue puesto en libertad de inmediato, pero al cabo de varias semanas fue nuevamente arrestado y ahora aguarda juicio, bajo libertad condicionada.
En la ciudad de La Romana, al Este de Santo Domingo, un oficial de la Policía ultrajó al periodista Franklin Cordero, corresponsal del diario El Caribe, y lo hizo pasar una noche en la prisión del cuartel policial sin que existieran razones justificadas.
En la provincia María Trinidad Sanchez, al Noreste del país, cuatro periodistas que cubrían la elección de los bufetes directivos del ayuntamiento local fueron brutalmente golpeados en medio de un desorden que se produjo entre bandos políticos opuestos. Se trata de los periodistas Teonilda Gomez, del Listín Diario; David Hilario, de El Caribe; Francis Frías, director de una emisora de radio local y Jhonny Alberto Salazar, de la emisora Vida FM.
En lo que va de año, dos periodistas independientes han sido condenados por tribunales a penas de multas y prisión, bajo acusaciones de difamación e injuria contra ciudadanos civiles. Se trata de los periodistas Jhonny Alberto Salazar, condenado a seis meses de cárcel, y Melton Pineda, comentarista radial, a tres meses de prisión. En este último caso, fue otro periodista el que lo sometió a la justicia al sentirse difamado por unas acusaciones en su contra.
Por otro lado, está pendiente el inicio de otro juicio en la Suprema Corte de Justicia para dilucidar la acusación de difamación e injuria que el ex-presidente de la República, Hipólito Mejía, ha formulado contra el senador oficialista Wilton Guerrero y el periodista Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe, empresa que maneja el diario El Caribe y del Canal de Noticias (CDN), al difundir la versión de que Mejía había ido a Sinaloa, México, en un avión que piloteaba uno de los hombres de confianza del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzman, el pasado mes de febrero, en medio de la campana electoral presidencial dominicana.
En otro orden, dos sentencias emanadas de una jueza y del Tribunal Constitucional, contribuyeron a robustecer la base de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. En el primer caso, la jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia Sánchez Ramírez condenó a la alcaldesa del municipio de Fantino, Lorenza Rojas Rosario, al pago de una multa en pesos dominicanos y a entregar a un ciudadano las informaciones que requirió sobre los manejos administrativos de su alcaldía, a lo que ella se negaba. Y, en otro caso, el Tribunal Constitucional ordenó a la Cámara de Diputados que revelara el listado de sus asesores, con sus respectivos salarios, tal como se lo solicito un ciudadano.
Una sentencia con este mandato había sido emitida por el Tribunal Superior Administrativo, pero la Cámara de Diputados no quiso entregar la lista alegando que los nombres, cargos y salarios tenían carácter confidencial, por lo que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del primero y estableció que "aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la administración pública.
Si bien es cierto que durante muchos años ha prevalecido un estado general de respeto a la libertad de prensa, la recurrencia de episodios de agresión o de intimidación no sancionados ejemplarmente, cuando aparecen involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, marcan la tónica de una peligrosa tendencia que puede dañar este clima.
En uno de esos graves incidentes, cuatro periodistas resultaron heridos de perdigones mientras cubrían una marcha de protesta que dispersó la Policía Nacional en los alrededores de la mina de oro que la empresa Barrick Gold,de Canadá, planea explotar en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí, al norte de la capital dominicana. Se trata de los comunicadores Ramón Antonio Salcedo Soto y el fotógrafo Wilson Aracena, del periódico HOY, el locutor Martin Lanfranco y el productor radial Leandro Sepúlveda. En total, recibieron 37 perdigones en distintas partes del cuerpo que ameritaron de su hospitalización.
En abril, agentes policiales golpearon severamente al camarógrafo del canal 29 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Santos Aracena y a su madre, Cirila Aracena, mientras se encontraban dentro de su vivienda sin que se revelarán las causas. La Policía informó luego que se trató de una confusión.
En ese mismo mes, la periodista Francisca Ramirez, productora del programa Periodismo y Democracia, de Teleantillas, en la capital dominicana, fue agredida por un oficial del Ejército Nacional que le arrebató un cartel en homenaje al asesinado columnista y profesor universitario Narciso Gonzalez, Narcisazo, misteriosamente desaparecido en 1994, mientras un grupo de periodistas depositaba una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
Raúl Cárdenas, corresponsal de la televisora Telemicro en la provincia Sánchez Ramirez fue amenazado de muerte por un teniente de la Policía Nacional cuando cubría el traslado de este a otra dotación.
Otro periodista del mismo canal, Héctor Peña, corresponsal en la comunidad de Boca Chica, fue golpeado, despojado de su cámara y arrestado por un agente de la división antidroga mientras filmaba un decomiso de un cargamento de narcóticos que sería enviado a España.
Encapuchados que portaban armas de fuego y que protagonizaban un enfrentamiento con otro grupo de civiles en el marco de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, agredieron a pedradas al periodista Héctor Abreu Casado, del periódico Hoy y al equipo de cámaras del noticiario televisivo SIN en la ciudad de Azua, al sur del país. La cámara filmadora fue destruida por los desconocidos. Días después, el periodista denunció que estaba recibiendo continuas amenazas de muerte a través de llamadas anónimas.
En la noche de las elecciones presidenciales dominicanas, la Junta Central Electoral ordenó el cierre de las televisoras Telesistema, canal 11, y Supercanal 33, acusadas de violar la ley electoral 297-07 que impide la difusión de resultados electorales no oficiales antes del veredicto formal de ese tribunal. Las emisoras retornaron al aire al día siguiente.
Ese mismo día, las autoridades arrestaron a José Miguel Gómez Canaán, uno de los principales ejecutivos del portal de internet ElSiglo21.com.do, acusado de pretender "hackear" el centro de cómputos de la Junta Central Electoral. Fue puesto en libertad de inmediato, pero al cabo de varias semanas fue nuevamente arrestado y ahora aguarda juicio, bajo libertad condicionada.
En la ciudad de La Romana, al Este de Santo Domingo, un oficial de la Policía ultrajó al periodista Franklin Cordero, corresponsal del diario El Caribe, y lo hizo pasar una noche en la prisión del cuartel policial sin que existieran razones justificadas.
En la provincia María Trinidad Sanchez, al Noreste del país, cuatro periodistas que cubrían la elección de los bufetes directivos del ayuntamiento local fueron brutalmente golpeados en medio de un desorden que se produjo entre bandos políticos opuestos. Se trata de los periodistas Teonilda Gomez, del Listín Diario; David Hilario, de El Caribe; Francis Frías, director de una emisora de radio local y Jhonny Alberto Salazar, de la emisora Vida FM.
En lo que va de año, dos periodistas independientes han sido condenados por tribunales a penas de multas y prisión, bajo acusaciones de difamación e injuria contra ciudadanos civiles. Se trata de los periodistas Jhonny Alberto Salazar, condenado a seis meses de cárcel, y Melton Pineda, comentarista radial, a tres meses de prisión. En este último caso, fue otro periodista el que lo sometió a la justicia al sentirse difamado por unas acusaciones en su contra.
Por otro lado, está pendiente el inicio de otro juicio en la Suprema Corte de Justicia para dilucidar la acusación de difamación e injuria que el ex-presidente de la República, Hipólito Mejía, ha formulado contra el senador oficialista Wilton Guerrero y el periodista Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe, empresa que maneja el diario El Caribe y del Canal de Noticias (CDN), al difundir la versión de que Mejía había ido a Sinaloa, México, en un avión que piloteaba uno de los hombres de confianza del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzman, el pasado mes de febrero, en medio de la campana electoral presidencial dominicana.
En otro orden, dos sentencias emanadas de una jueza y del Tribunal Constitucional, contribuyeron a robustecer la base de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. En el primer caso, la jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia Sánchez Ramírez condenó a la alcaldesa del municipio de Fantino, Lorenza Rojas Rosario, al pago de una multa en pesos dominicanos y a entregar a un ciudadano las informaciones que requirió sobre los manejos administrativos de su alcaldía, a lo que ella se negaba. Y, en otro caso, el Tribunal Constitucional ordenó a la Cámara de Diputados que revelara el listado de sus asesores, con sus respectivos salarios, tal como se lo solicito un ciudadano.
Una sentencia con este mandato había sido emitida por el Tribunal Superior Administrativo, pero la Cámara de Diputados no quiso entregar la lista alegando que los nombres, cargos y salarios tenían carácter confidencial, por lo que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del primero y estableció que "aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la administración pública.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario