‎"Hipólito Mejía da su apoyo a la resistencia ciudadana a los nuevos impuestos"

‎"Hipólito Mejía da su apoyo a la resistencia ciudadana a los nuevos impuestos"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente Hipólito Mejía considera necesaria la resistencia ciudadana ante los nuevos impuestos, ya que estos aumentarán el costo de la vida, reducirán el poder de compra de las personas, bajarán la producción y las actividades económicas, además que aumentarán la pobreza y la desigualdad social.

En un discurso transmitido a toda la nación por radio y televisión, el exmandatario expresó que brinda su apoyo sin reservas a las acciones de resistencia ciudadana frente a la intransigencia de quienes prete

nden imponer las odiosas medidas que conlleva esta reforma.

En consecuencia, dijo, “se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas hagamos valer nuestro derecho a resistir la injusticia que encierra este nuevo aumento de impuesto”.

Texto integro del discurso del expresidente Hipólito Mejía.

Antes de abordar el tema principal, deseo expresar mi solidaridad con las miles de familias dominicanas que están sufriendo a causa de fenómenos naturales ocurridos en nuestro país y en zonas de los Estados Unidos, donde viven nuestros hermanos y amigos.

Pueblo dominicano:

Nuestra sociedad está indignada, con justa razón, porque se le quiere hacer pagar la crisis creada por el despilfarro y la corrupción de un gobierno irresponsable, que violó todas las normas establecidas para gastar los recursos públicos, sin ningún control y sin tener en cuenta las necesidades de la gente.

La reforma tributaria que el gobierno de Danilo Medina ha decidido imponer a la población, no toma en cuenta el drama que padecen las mayorías nacionales.

La crisis que vivimos no es sólo económica, sino también social, política, moral e institucional, contrario a lo que plantea el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

Señoras y señores: lo que está en discusión va más allá de una simple reforma tributaria. La encrucijada que enfrentamos, consiste en decidir si queremos permanecer como una de las naciones más derrochadoras, más corruptas y con menos desarrollo humano del mundo, o si por el contrario, queremos ser un país equitativo, solidario y con igualdad de oportunidades, donde el bienestar de la gente sea la prioridad del gobierno.

Como consecuencia de la crisis generalizada que padecemos, la paz pública de la nación puede estar en grave peligro.

Nuestras familias, y cada uno de nosotros, sufrimos las consecuencias de las ambiciones desmedidas de un grupo de aventureros irresponsables, que ha utilizado la política para enriquecerse y perpetuarse en el poder, a costa del sacrificio y el sudor de cada uno de nosotros.

Durante los años de gobierno de Leonel Fernández, vimos surgir una cúpula de funcionarios cuyo súbito enriquecimiento, ilícito e irritante, contrasta con las precariedades y penurias que sufre la mayoría del pueblo dominicano.

Esa ostentación contrasta con la falta de oportunidades que padecen nuestros jóvenes y mujeres, quienes no encuentran trabajo a pesar de tener la preparación adecuada.

Ese lujo de los cómplices de Leonel Fernández contrasta con la pobre calidad de la educación que reciben nuestros niños, muchos de los cuales se ven obligados a recibir clases debajo de un árbol por falta de aulas.

Esa opulencia contrasta con las dificultades que sufren los padres de familia, quienes tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir el sustento de sus hijos.

Esa exhibición de riqueza contrasta con el sufrimiento de los enfermos que abarrotan los hospitales y no encuentran medicamentos ni atenciones apropiadas.

Esa abundancia de recursos mal habidos contrasta con el abandono de los sectores productivos y especialmente de nuestros queridos agricultores, que no reciben créditos, asistencia técnica, ni ayuda gubernamental, para producir los alimentos que requiere el país y poder ganarse honradamente el sustento.

Fue en su afán de garantizar la permanencia de su grupo en el poder y con la pretensión de regresar a la presidencia en el 2016, que Leonel Fernández generó de manera ilegal e irresponsable, un déficit de 187 mil millones de pesos en el presente año.

A ese déficit tendríamos que agregarle los 225 mil millones de pesos acumulados en los cuatro años pasados. Es decir, estamos hablando de un déficit total de 412 mil millones de pesos en los últimos cinco años.

Todos sabemos que esos fondos también fueron usados para la compra de conciencias y voluntades durante el pasado proceso electoral, así como para montar una permanente y masiva campaña mediática, dirigida a hacernos creer que nuestro país vivía un estado de progreso y bienestar.

Esa campaña impidió durante ocho años que la luz de la verdad brillara en nuestra patria, pero ahora esa verdad finalmente resplandece y podemos ver la crisis sin precedentes que hemos heredado de Leonel Fernández.

Frente a esta crisis de vastas proporciones, que como hemos dicho no se limita a lo económico, el gobierno ha propuesto como solución una reforma fiscal que le garantice más recursos.

El pueblo desconfía de esa Reforma Tributaria, porque el gobierno no está siendo sincero ni transparente ya que la misma sólo se limita a buscar nuevos ingresos.

Esa falta de transparencia se expresa en dos vertientes: La primera, el gobierno no ha aprovechado esta experiencia calamitosa para establecer responsabilidades frente a los causantes de esta crisis, ni ha propuesto un régimen de consecuencias que prevenga que la misma se repita.

La otra vertiente es que el gobierno, en una nueva actitud de intolerancia, decidió rechazar las propuestas hechas por las diferentes instancias organizadas de la sociedad, especialmente las presentadas por el Consejo Económico y Social de reorientar y mejorar la calidad del gasto.

No debemos olvidar que ese Consejo es un órgano de consulta establecido en la Constitución de la República.

El ejercicio democrático que pareció representar la consulta al seno del Consejo Económico y Social, lamentablemente se ha desvanecido porque el gobierno decidió ignorar las recomendaciones surgidas de ese legítimo espacio de diálogo y concertación.

Frente al intento de imponer esa reforma, asumo la responsabilidad de explicar al país los alcances y consecuencias del aumento de impuestos que nos quiere imponer el gobierno, aprovechando la mayoría mecánica que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional.

Debemos recordar que los gobiernos del PLD hicieron 6 reformas tributarias, pidiéndole sacrificios al pueblo bajo el argumento de que las mismas irían en beneficio del país.

Sin embargo, en todos los casos, los aumentos de ingresos sólo sirvieron para hacer más rico al gobierno y a sus funcionarios y más pobre al pueblo.

Ahora está sucediendo lo mismo. Lo que quieren es aumentar los impuestos directos e indirectos para obtener 189 mil millones de pesos adicionales, en los próximos cuatro años. Sólo en el 2013 la recaudación adicional sería de 47 mil 297 millones de pesos.

Se trata de una reforma fiscal regresiva, en la cual, la carga principal recae sobre los pobres y la clase media, que dedican la mayor parte de sus ingresos para consumir los productos que estarán afectados por el ITBIS y el Impuesto Selectivo al Consumo.

El aumento de dos pesos al galón de gasolina y al de gasoil, el impuesto a la circulación de vehículos, el impuesto del uno por ciento del valor del vehículo a la primera placa, tendrán repercusiones negativas sobre el transporte de carga y pasajeros, así como en los precios en sentido general.

La ampliación de la base del ITBIS, para que el café, el azúcar, los aceites y las grasas comestibles, el yogur y el chocolate paguen un impuesto entre el 8 y el 16 por ciento, introduce una seria distorsión, que terminará aumentando también los precios de todos los productos de primera necesidad.

A pesar de que en la propuesta del gobierno no están incluidos, el arroz, las habichuelas, la carne de pollo, los huevos, la leche, las frutas y los vegetales, lo cierto es que los precios de esos productos aumentarán debido a que los impuestos que se aplicarán a los primeros, afectarán de manera indirecta a todos los artículos que forman parte de la canasta familiar.

El poder de compra de los profesionales y de la clase media en general, será reducido sensiblemente mediante el aumento de los impuestos directos.

El impuesto de un diez por ciento al ahorro, el pago anual de doce mil pesos por parte de los pequeños negocios, así como el congelamiento por inflación de los ingresos de personas físicas entre otros, son golpes mortales a la economía de la clase media.

El precio de la canasta básica aumentará de 27 mil a 35 mil pesos mensuales, como consecuencia de los nuevos impuestos.

Esto disminuirá el consumo de la población e impactará negativamente en la producción nacional y en el empleo, incrementando los niveles de pobreza.

Además del impacto negativo de esta reforma en lo económico y lo social, debemos destacar lo que ella significa para el funcionamiento de nuestras instituciones.

Con la imposición de esta reforma se estaría violando el Artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que consigna que debe llegarse a un pacto fiscal con las fuerzas políticas, económicas y sociales, para un proceso de reestructuración fiscal integral.

Esta reforma no es sostenible porque no contribuye a estimular los sectores productivos, ni fomenta el ahorro interno y tampoco eleva la calidad del gasto social.

Lo que en realidad persigue esa reforma es más dinero para continuar despilfarrándolo, de la misma manera que lo hizo el gobierno anterior. La mayoría de sectores la rechazan por injusta e inoportuna.

En consecuencia, se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas hagamos valer nuestro derecho a resistir la injusticia que encierra este nuevo aumento de impuesto.

La resistencia ciudadana es necesaria porque los nuevos impuestos aumentarán el costo de la vida, reducirán el poder de compra de las personas, bajarán la producción y las actividades económicas y aumentarán la pobreza y la desigualdad social.

Dominicanas y dominicanos: ustedes saben que siempre he sido un ente de moderación y diálogo.

A lo largo de mi vida he demostrado mi compromiso con la democracia y el fortalecimiento de las instituciones del país. Reitero ante ustedes, mi decisión de continuar por ese camino.

Ahora bien, frente a la intransigencia de quienes pretenden imponer las odiosas medidas que conlleva esta reforma, doy mi apoyo a las acciones de resistencia ciudadana.

Esta resistencia ciudadana, que se manifiesta ya en acciones de diversas organizaciones sociales, encuentra justificación ética y moral, de manera particular, en el documento público dado a conocer por el Consejo Económico y Social el pasado 26 de octubre.

En ese documento el CES da cuenta al país de la actitud arrogante e indolente del gobierno, al suspender el diálogo. En efecto, el gobierno decidió enviar al Congreso de manera apresurada y unilateral su propuesta de reforma fiscal.

Señoras y señores: consciente de que debemos de impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y social, hago las siguientes propuestas y demandas:

En primer lugar: solicitamos que el gobierno retire del Congreso Nacional su propuesta de reforma, para retomar el camino del diálogo, que permita alcanzar un pacto fiscal consensuado, que se traduzca en mayor bienestar para la gente.

En segundo lugar: proponemos que sea en el año 2013 cuando se discuta junto al empresariado, la sociedad civil y los partidos políticos, una reforma fiscal integral.

En tercer lugar: proponemos que el presupuesto para el año 2013 tenga como referencia la estructura de gastos del presupuesto del año 2011 tal y como lo consigna el informe detallado de la Comisión Económica de nuestro Partido Revolucionario Dominicano.

En cuarto lugar: proponemos que esta reforma fiscal integral, sea vinculada de manera explícita al cumplimiento de las normas institucionales, que obligan al uso de los recursos públicos con transparencia y equidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial.

Finalmente: demandamos que se aplique la Constitución y la Ley de Presupuesto, especialmente en lo que se refiere a las faltas e infracciones cometidas por los funcionarios responsables del manejo de los fondos públicos.

Digámoslo bien claro: quienes malversen los recursos públicos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos.

Señoras y señores: estamos en un momento crucial para nuestra Patria. Enfrentemos con responsabilidad las dificultades actuales para, recorrer juntos el camino hacia el desarrollo sostenible y trabajar por la solución de los graves problemas que afectan la Nación.

Este no es un momento para imposiciones sino para el diálogo. No es momento para el autoritarismo sino para la concertación.

El ejercicio de nuestros derechos democráticos, con apego a los principios y valores sobre los cuales descansan las instituciones de nuestra querida Patria, se concretiza en la resistencia ciudadana a un aumento de impuestos como el que se nos quiere cargar a toda costa.

En la búsqueda de la paz social y la construcción de una sociedad justa y solidaria, no hay lugar para la indiferencia.

Sólo con nuestra participación decidida como ciudadanos y ciudadanas responsables, seremos capaces de construir una mejor República Dominicana.

Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos.