Salarios Públicos

Uno de los aspectos en que se manifestó la descomposición social y moral en los pasados gobiernos, fue el desorden que exhibió la Administración Pública en materia de los sueldos y canonjías facilitadas a los funcionarios públicos, especialmente a los de mayor nivel. La mentalidad neoliberal del “dejar hacer y dejar pasar” fomentó el espíritu oportunista de los funcionarios, para quienes llegar a una posición pública ha significado la obligación de sacar ventajas personales y particulares para resolver su situación económica y social.
    
Con esa motivación se propaló el mal intencionado criterio de que los funcionarios del Estado para poder negociar con los ejecutivos bancarios o empresariales de alto nivel, tenían que tener ingresos similares para alcanzar la condición de iguales. Esa creencia justificó cualquier nivel de compensación económica asociada al cargo público. De ahí el desorden creado, de tal manera que se ha dado la ridícula situación de que varios de los altos funcionarios del Gobierno Dominicano, obtienen ingresos que superan a los del Presidente de la Nación más poderosa del planeta, sin incluir la oportunidad de la corrupción estimulada por ese código inmoral de la descomposición moral de los políticos como administradores de la cosa pública.
    
Frente a ese grave problema creado por el propio gobierno, el Ministerio de la Administración Pública impulsó la iniciativa de que el país tuviera una Ley de salarios, que corrigiera el desorden, como parte importante de todos los esfuerzos desplegados para lograr una administración  pública racional y eficaz, basada en parámetros de organización que garantizaran el ejercicio del “buen gobierno” y la “meritocracia”. Esa Ley, después de mucha consulta nacional e internacional, fue aprobada por el Congreso pero fue observada en agosto pasado por el Poder Ejecutivo, lo que impidió su inmediata aplicación.
    
De modo que con el rechazo aprobado por la Cámara de Diputados a las observaciones del Expresidente Fernández, que buscaban introducir el permisivo criterio de la discrecionalidad, que hubiera desvirtuado todo el espíritu de la Ley, se ha dado un paso de gran importancia que abre la oportunidad para que el nuevo gobierno que encabeza  Medina, pueda disponer de un instrumento normativo, que como la Ley de los salarios públicos, le permitirá reorientar y reordenar, por senderos de eficiencia y  moralidad, a toda la organización del Estado.
    
La nueva Ley de seguro será resistida por los intereses creados por el desorden y la inmoralidad. Por ello el Gobierno debe sustentarse en las disposiciones de la Ley para que pueda cumplir, en materia de la Administración Pública, con su máxima de “hacer lo que nunca se hizo”.