El aparentemente reducido aumento en el impuesto a los bienes industrializados y servicios (itebis por su denominación más socorrida), que se aplica desde el primer día del año a productos de consumo popular como el chocolate o la margarina, entre otros, no puede verse únicamente como ese tres por ciento que eleva ese gravamen de un ocho a un once por ciento, sino como una carga cuyo peso es definitivamente oneroso para los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana.
La afirmación no parte únicamente del hecho de que aumentarán de precio los artículos que un año antes carecían de gravámenes y ahora se encuentran envueltos en la escalada alcista anual que desembocará, dentro de un año, en otro aumento que llevará el itebis al trece por ciento, sino del hecho incontrovertible de que, desde un primer instante, tales productos fueron liberados de cargas tributarias en razón de que son fuente vital de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales indispensables a una población impotente desde el punto de vista económico, como para encontrar esos y otros nutrientes en alimentos indispensables para el cuerpo humano.
Cuando se cuantifican los índices de pobreza en un conglomerado social, se mide la capacidad de las gentes para acceder a los alimentos indispensables a la subsistencia y, en todos los casos, se relacionan los ingresos y el poder adquisitivo del salario menos favorecido contra el valor de los llamados productos básicos de la canasta familiar. En el caso dominicano, desde que la moneda nacional, el peso, inició sus indetenidas devaluaciones en el decenio de 1980, y por consiguiente, se erosionó su capacidad adquisitiva, jamás han podido relacionarse el precio al consumidor de los productos propios de la llamada “canasta familiar” y el salario mínimo.
Puede afirmarse por consiguiente y sin ninguna duda, que la sociedad no ha podido dar satisfacción a las necesidades básicas de un amplio segmento poblacional que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y que los niveles de bienestar de otros sectores están muy por debajo de los estándares que los organismos especializados consideran propios para que los individuos alcancen un desarrollo fisiológico, de mente y cuerpo, a tono con los requerimientos de las sociedades modernas.
La existencia de grupos humanos con taras intelectuales que impiden tener conocimientos derivados de los procesos de la enseñanza formal o que muestran tardanza para lograr competencias y destrezas que apenas requieren la adopción de movimientos maquinales por repetición, se explica en estas imposibilidades de las sociedades para dar satisfacción mínima a los requerimientos de nutrientes de su población, por la existencia de tributos y políticas de precios que mantienen en situación de marginación económica y social a numerosos ciudadanos que, por tales condiciones, no debían significarse como ciudadanos.
Los menos aconsejables de todos los tributos son esos que permiten a un gobierno percibir ingresos directos del consumo, existiendo otras áreas potencialmente imponibles como los juegos de azar y las diversiones mundanas, que bien pueden cargarse con mayores impuestos que aquellos que pagan, pues, para todo fin práctico, su presencia en la sociedad tiene propósitos finales disolutos, aunque sus promotores y organizadores denieguen esta verdad.
Ese tres por ciento que ha comenzado a aplicarse a alimentos y otros productos de consumo que un año atrás no estaban gravados, por tanto, no puede contemplarse y admitirse como un escaso aumento impositivo, pues como gravamen directo al consumo, constituye un mecanismo que disminuye aún más, las posibilidades de lograr la satisfacción de necesidades básicas en segmentos importantes de la población, sobre todo en la clase media baja y en quienes se encuentran debajo de la línea de la pobreza.
La afirmación no parte únicamente del hecho de que aumentarán de precio los artículos que un año antes carecían de gravámenes y ahora se encuentran envueltos en la escalada alcista anual que desembocará, dentro de un año, en otro aumento que llevará el itebis al trece por ciento, sino del hecho incontrovertible de que, desde un primer instante, tales productos fueron liberados de cargas tributarias en razón de que son fuente vital de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales indispensables a una población impotente desde el punto de vista económico, como para encontrar esos y otros nutrientes en alimentos indispensables para el cuerpo humano.
Cuando se cuantifican los índices de pobreza en un conglomerado social, se mide la capacidad de las gentes para acceder a los alimentos indispensables a la subsistencia y, en todos los casos, se relacionan los ingresos y el poder adquisitivo del salario menos favorecido contra el valor de los llamados productos básicos de la canasta familiar. En el caso dominicano, desde que la moneda nacional, el peso, inició sus indetenidas devaluaciones en el decenio de 1980, y por consiguiente, se erosionó su capacidad adquisitiva, jamás han podido relacionarse el precio al consumidor de los productos propios de la llamada “canasta familiar” y el salario mínimo.
Puede afirmarse por consiguiente y sin ninguna duda, que la sociedad no ha podido dar satisfacción a las necesidades básicas de un amplio segmento poblacional que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y que los niveles de bienestar de otros sectores están muy por debajo de los estándares que los organismos especializados consideran propios para que los individuos alcancen un desarrollo fisiológico, de mente y cuerpo, a tono con los requerimientos de las sociedades modernas.
La existencia de grupos humanos con taras intelectuales que impiden tener conocimientos derivados de los procesos de la enseñanza formal o que muestran tardanza para lograr competencias y destrezas que apenas requieren la adopción de movimientos maquinales por repetición, se explica en estas imposibilidades de las sociedades para dar satisfacción mínima a los requerimientos de nutrientes de su población, por la existencia de tributos y políticas de precios que mantienen en situación de marginación económica y social a numerosos ciudadanos que, por tales condiciones, no debían significarse como ciudadanos.
Los menos aconsejables de todos los tributos son esos que permiten a un gobierno percibir ingresos directos del consumo, existiendo otras áreas potencialmente imponibles como los juegos de azar y las diversiones mundanas, que bien pueden cargarse con mayores impuestos que aquellos que pagan, pues, para todo fin práctico, su presencia en la sociedad tiene propósitos finales disolutos, aunque sus promotores y organizadores denieguen esta verdad.
Ese tres por ciento que ha comenzado a aplicarse a alimentos y otros productos de consumo que un año atrás no estaban gravados, por tanto, no puede contemplarse y admitirse como un escaso aumento impositivo, pues como gravamen directo al consumo, constituye un mecanismo que disminuye aún más, las posibilidades de lograr la satisfacción de necesidades básicas en segmentos importantes de la población, sobre todo en la clase media baja y en quienes se encuentran debajo de la línea de la pobreza.
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