Cambios en el Presupuesto

Una inesperada campaña de opinión pública surge en estos momentos, cuando el Gobierno Central, conforme sus facultades constitucionales, envía al Congreso Nacional el Proyecto de Ley General de Presupuesto a regir en la Administración Pública el año entrante; y entre quienes iniciaron estas acciones se encuentran legisladores que, aunque parezca mentira, son en su mayoría, integrantes del partido político en el cual milita y es importante dirigente, el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina.
    
Sin embargo, el aspecto menos sujeto a alguna forma de censura pública o, al menos, de discusión en la actual coyuntura, es el que ha debido debatirse en forma más destacada, el relacionado con el financiamiento de una elevada proporción del gasto público, con financiamiento externo, reflejándose con ello que, pese a todos los discursos y las promesas, vuelve a caerse en un desequilibrio entre ingresos corrientes y gastos, que compromete presente y futuro de la economía nacional.
 
Pero el Poder Ejecutivo no es compelido a transformar las apropiaciones presupuestarias comprendidas en el proyecto, no por tal desequilibrio evidenciado en el recurso del financiamiento extraordinario de los gastos, sino por los reclamos de gastos o inversiones en determinadas comunidades, de las que forman parte como habitantes registrados, los legisladores que reclaman que el proyecto se modifique.
    
República Dominicana es un país pobre, con recursos fiscales restringidos en razón de que la economía en general está afectada por seculares limitaciones, por carencias de adecuadas guías y orientaciones del pensamiento nacional y, por supuesto, por la resistencia del contribuyente que ha contemplado con escasísimas excepciones, que aquello que aporta al procomún, en vez de aprovecharse para servir de base al crecimiento y eventualmente propulsar el desarrollo, no ha sido sino pasto de una clase política que abrevó y abreva en el tesoro público como si se tratase de una faltriquera personal. De manera que, debido a ello, siempre las necesidades serán más que los recursos de que pueda echarse manos para vencerlas.
    
Por supuesto, queda el recurso de los préstamos. Esta forma de financiamiento extraordinario del gasto público ampara a muchos gobiernos de todo el orbe, como se contempla por la crisis política y económica que sacude a los Estados Unidos, pero en el horizonte queda siempre el ideal de una administración racional y razonable, que programe los gastos en la medida de la estimación de los ingresos, en parte, no solamente porque ello es más lógico, sino porque es obligación del administrador de los dineros de un pueblo sostener servicios e inversiones con aquello que ese pueblo paga como tributo a la vida en sociedad y porque de todo préstamo deriva una pérdida neta que es el valor de la ganancia del prestamista, la cual, elevada o escasa, hay que cubrir, porque quien financia espera una compensación.
    
Por eso, salvo aquellos que requieren un rediseño de los estimados de ingresos y de los planes de gastos en razón de la dependencia de financiamiento ajeno a los ingresos, que son los únicos que tienen razón en sus reclamos, los demás, en primera fila los legisladores que son parte del partido de gobierno, deben respetar la estructura del proyecto, porque no hay manera de complacer todos los requerimientos de necesidades del país, aún cuando se llevase a cabo un cambio radical en el presupuesto.