El controvertido contrato de concesión minera a la compañía canadiense Barrick Gold, en torno al cual crece el consenso en demanda de una modificación favorable al Estado dominicano, contó en 2009 con el respaldo mayoritario de las fuerzas determinantes en la Congreso Nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, calificó como impostergable la revisión de las cláusulas aprobadas en el pasado período legislativo, para mejorar la carpeta de beneficios que recibirá el país, y llamó a la empresa a sentarse a negociar una enmienda en términos amigables.
El apoyo, también mayoritario en el Senado, ha generado expresiones de mea culpa entre sus integrantes. “Debemos (los congresistas) darnos un golpe en el pecho y pedir perdón a la sociedad por aprobar ese contrato en contra de los intereses nacionales”, dijo a la prensa Winston Guerrero, representante de Peravia por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Esta actitud penitente trae a colación la confesión del diputado Víctor Terrero, quien en 2010 admitió que los legisladores aprobaron el contrato por líneas partidistas, sin siquiera leerlo.
En aquella ocasión, Abel Martínez figuró entre los diputados que se abstuvieron. Con la presencia de 151 legisladores, el proyecto de resolución aprobatoria del convenio recibió 115 votos a favor frente a apenas 11 en contra, con 25 abstenciones.
Julio César Valentín, Lucía Medina, Gladys Sofía Azcona, Elpidio Báez, Gustavo Sánchez y José María Sosa figuran entre los peledeístas que contribuyeron a la aprobación del contrato; y entre los perredeístas cuentan Agne Berenice Contreras, Radhamés Fermín, Nelson Arroyo, Alberto Atallah y Julio Encarnación. Ramón Rogelio Genao (que aboga por su revisión), Víctor Bisonó, Máximo Castro Silverio y Marino Collante colocaron sus dedos en el “sí” por el PRSC.
La votación de los representantes del gobernante PLD resultó determinante para los fines, con 77 “sí”, 3 “no” y 7 abstenciones. El diputado Rubén Maldonado, quien en declaraciones recientes abogó por una modificación, se incluyó entre los votos favorables, según el registro de la votación obtenido por La Lupa Sin Trabas. Se opusieron Domingo Inocencio Colón Rodríguez, Juan Bautista Encarnación Tejeda y José Antonio Fabián Beltré, mientras las abstenciones fueron de Josefina Tavárez Mirabal (Minou), Abel Martínez, Teodoro Ursino Reyes, Miguel Gerardo Bogaert, Manuel Jiménez, Franklin Peña Villalona y Nancy Santos Peralta.
Por el PRD, 30 dijeron “sí”, 4 “no” y 12 no votaron. Los “no” correspondieron a Wagner José Amézquita, Hugo Núñez, Santo Ramírez y Juan Reyes Brito.
De los diputados reformistas, 8 favorecieron el contrato con la compañía que explota los metales de la mina Pueblo Viejo y 2 lo rechazaron, con 6 inhibiciones. Los que se opusieron son César Gómez Segura y Luis José González Sánchez.
Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras, ambos de la Fuerza Nacional Progresista, votaron en contra del contrato. (N.L.) •
Procedimiento irregular
Al margen de las críticas al contrato de explotación de Barrick Pueblo Viejo (nombre dado por el lugar del yacimiento en la provincia Sánchez Ramírez), quienes buscan la nulidad o modificación a la aprobación congresual sostienen que la Cámara de Diputados incurrió en violaciones a la Constitución y a su propio reglamento.
El elemento más alarmante es el que ya había advertido el diputado Víctor Terrero, sobre validar un acuerdo cuyos términos ignoraban. La comisión encargada de estudiar la propuesta depositó su informe favorable a las 12:00 meridiano del 2 de noviembre de 2009 y el pleno del organismo lo aprobó en la tarde de ese mismo día.
Entre los argumentos que se erigen para solicitar una revisión del contrato figura el de que los legisladores echaron por el suelo el artículo 133 de la Cámara, según el cual “los informes de las comisiones serán puestos a disposición de los diputados por la Secretaría General, con una antelación mínima de un día laborable”. La disposición añade: “los diputados podrán obtener una copia del mismo para su estudio y conocimiento”.
Para mayor claridad, el artículo 92 advierte que “ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución de la documentación que ha de servir de base en el mismo, con una antelación mínima de un día laborable, salvo acuerdo expreso en contrario, adoptado por el pleno de la Cámara con las dos terceras partes de los votos emitidos”.
La versión vigente desde 2009 es una enmienda del contrato original, suscrito el 25 de marzo de 2002 entre el Estado Dominicano, el Banco Central, la minera Rosario Dominicana y la también canadiense Placer Dome, que vendió la concesión a Barrick Gold.
La negociación entre República Dominicana y Barrick genera un mar de controversias e inconformidades internas debido el cúmulo de condicionantes que limitan las posibilidades de que el Estado reciba el 50% de los beneficios netos del oro extraído.
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