Sociólogo analiza escenarios crisis del PRD

El sociólogo Enmanuel Castillo presentó un análisis de los tres posibles escenarios  en que se desarrolla la crisis del PRD y el impacto de sus posibles  desenlaces.
En un análisis político que se publica en  esta edición , el sociólogo y politólogo santiagués establece tres escenarios sobre la lucha interna por el control del PRD, sus causas y consecuencias en la sociedad dominicana actual.
    
Los escenarios plantean un PRD bajo el predominio de Miguel Vargas,  uno bajo el telón de la lucha de Hipólito Mejía y otro sobre el esquema idean en que debería desarrollarse la confrontación interna perredeísta.

El trabajo, Destino del PRD: Funciones de su crisis, analiza de igual forma las influencias externas del conflicto y las ganancias de causas de sus promotores.

Destino del PRD: Funciones de su crisis
                                                                                       
Es poco lo que falta para que la división del PRD se concretice y se formalice. Sin embargo, algunos le quieren buscar una solución unitaria, por ahora imposible, a través de vías de avenimiento, o a través del diálogo, para lo cual se ha recurrido a externalidades fácticas, tal como lo ha intentado el propio Hipólito Mejía, solicitando la intermediación de la Iglesia, o mediante la intervención de la Internacional Socialista.   

El análisis del destino del PRD debe pasar por un ejercicio comprensivo que, lejos del conocimiento personalista y anecdótico, emotivo e irracional, muy propio de la dominicanidad, determine, a través de categorías de la sociología política, las funciones políticas que cumple la división de ese partido, dentro de la nueva estructura del poder modificada en la presente fase del “capitalismo salvaje” que vive nuestro país, a consecuencia de la estrategia neoliberal de la globalización.     

Contexto de la globalización

En ese orden, lo primero que debemos determinar es cuáles son los ejes institucionales que definen el contexto nacional e internacional que condiciona la dinámica del sistema político nacional. 

En este sentido, se hace inevitable identificar la estrategia de la globalización neoliberal que recorre todo el mundo, la cual impone como institucionalidad central el Mercado, en su versión fundamentalista  del “libre mercado”, y que se ha aplicado  mediante la agenda contenida en el Consenso de Washington, la cual se profundizó en el país a partir del 1996, cuando los partidos del PLD y el PRD, uno primero y el otro después, sustituyeron a la vieja clase política tradicional que estuviera más comprometida con el “proteccionismo de Estado”. 

De esa manera, la nueva clase política se encargó de ejecutar las directrices políticas de la  privatización, la apertura de los mercados, los tratados de libre comercio, la entrega del patrimonio nacional a la inversión internacional, así como las reformas y modernización del Estado, cónsonas con la estrategia de la globalización.  

La política como negocio

A partir de ese contexto del “libre mercado” neoliberal, todo bien humano y natural se hace mercancía desconectada de la vida humana, pero sí conectada con la rentabilidad del dinero como fin único del actuar humano. En ese marco de economía desregulada y permisiva, sin un Estado regulador, consecuentemente, la política se hizo negocio, adoptando la lógica del cálculo de utilidades para maximizar al mismo tiempo el poder político y el económico, al tiempo de desconectar las políticas públicas del Bien Común y de la teoría del desarrollo. 

En ese entorno, el sistema de partido degeneró en una partidocracia clientelar, consolidando la vieja tradición del patrimonialismo de Estado y de la corrupción para la apropiación privada de los recursos públicos en favor de los nuevos poderes emergentes relacionados y de las militancias partidarias, motivadas por el oportunismo y la movilidad social ascendente. 

Poder total

En ese contexto, así como los agentes económicos están tentados por la monopolización y la concentración de la riqueza, por efecto de la obligatoriedad de la maximización de utilidades en el marco de la competencia, los agentes políticos, de forma natural, también se orientan por la monopolización del poder, asociándolo a la acumulación del capital (apropiación de los recursos públicos vía la corrupción). Esa tendencia se justifica por el pensamiento único que emana del “libre mercado” y que  justifica el poder político, también, único y totalizador. No cabe otra alternativa.
    
Los efectos de esas políticas son ya muy conocidos en nuestro caso: crecimiento y desastre, sin desarrollo humano. Pero los productos políticamente más significativos y menos reconocidos de ese modelo económico y de  gobernabilidad clientelar son: la conversión de la cúpula gobernante en clase económica dominante; y la consecuente apropiación y control de todas las fuentes del poder político institucional del Estado. En ese sentido, el PLD le llevó ventajas al PRD por haber hecho una gestión más coherente, efectiva y acorde con los designios del nuevo contexto internacional neoliberal, y por eso hoy día no sólo su cúpula llegó a conquistar los espacios del poder económico, sino que al mismo tiempo ha llegado a monopolizar el poder político, elevándose como el poder hegemónico y totalitario de la Nación. El control del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Poder judicial, incluyendo el control de las llamadas Altas Cortes, ha sido una consecuencia natural del nuevo contexto institucional y político que rige la Nación.

Nuevo totalitarismo

Esas condiciones materiales establecidas por la gestión del PLD, han profundizado y agravado  la asimetría de la estructura del poder, la desigualdad de oportunidades, la falta de equidad y de justicia, la limitada libre competencia y concurrencia de partidos y grupos, la escasa transparencia y tolerancia, condiciones éstas que determinan la forma y nivel que alcanza la democracia y cuya ausencia marca la tendencia al debilitamiento  creciente de la institucionalidad democrática en el país. Por eso tienen razón los que visualizan que, dentro de esas condiciones materiales desatadas por la estrategia de la globalización neoliberal, la Nación marcha hacia una dictadura de partido único, tal como ocurriera en México en tiempos del PRI, o  tal como ocurriera aquí mismo en tiempos de Trujillo, quien fundamentó su tiranía en la monopolización de la apropiación económica y en el control de todas las fuentes institucionales del poder político del Estado.

Para completar la tentación de monopolizar el poder político, lo único que le falta al PLD para cerrar el circuito del poder totalizador, es anular al PRD succionando parte del mismo o dividiéndolo, primero como condición coyuntural para asegurar el triunfo en el 2016, y después estructuralmente para maximizar el poder hasta la totalización que es la vocación, la tendencia natural, de la competencia de partidos en el marco del “capitalismo salvaje”  desregulado y subdesarrollado, dentro del cual las elecciones se convierten en fachada mercantil y fraudulenta de la legitimidad democrática, mientras que la toma de decisiones deriva en un ejercicio antidemocrático, unilateral y centralizado, sin participación y canalización institucional.

La división del PRD es, entonces, funcionalmente una necesidad inevitable para el PLD. El PLD necesita por lógica del modelo, despedazar al PRD para consolidar un dominio político sin riesgos a tan largo plazo como el infinito. No importa que el resultado final sea la instalación de una nueva dictadura totalitaria. Ese resultado no se persigue necesariamente de forma consciente, pero esa es la conclusión de la lógica del modelo económico y de gobernabilidad manejado por el PLD, partido cuya cúpula sí conoce y sabe manejar la teoría marxista sobre el capitalismo y el Estado.   
 
Debilidades organizativas tradicionales del PRD

La interpretación de esa conclusión no se antepone, sino que se complementa, con la historia de crisis y divisiones del PRD. Esa historia describe la imposibilidad del PRD para organizar la convivencia interna sobre la base de respetar las normas, mecanismos y procedimientos que garantizan la legitimidad democrática interna. 

Pese al hecho del PRD haberse constituido en el principal instrumento de lucha del pueblo por la democracia y la libertad, el predominio del modelo de liderazgo caudillista  y las debilidades organizativas que han permanecido por décadas en ese partido, le han impedido desarrollar la institucionalización de los procesos de legitimación democrática de sus elementos constitucionales, (estatutos, plataforma programática, selección de autoridades y elección de candidatos a los cargos electivos). 

La desideologización acentuada por la partidocracia en el marco del “capitalismo salvaje” neoliberal, que reduce todo a la maximización de utilidades del poder económico y político, ha contribuido a que tiendan a predominar los criterios de la legitimidad fáctica o de poder externo, por sobre los criterios de la legitimidad democrática o interna. 

Por eso la crisis del PRD resulta ser  un juego entre la imposición fáctica que quiere hacer prevalecer Miguel Vargas Maldonado confundiéndola con “institucionalidad y disciplina”; y la otra imposición caudillista de naturaleza también fáctica de Hipólito Mejía  que, por su mayor carisma personal, se confunde mediante “travesuras”  con la legitimidad democrática. En ambos no existe la “racionalidad” necesaria para sustentar un comportamiento verdaderamente democrático.

La injerencia del PLD

Esas debilidades de la organización y de su dirigencia que han distorsionado la vida interna del PRD, precisamente, han sido aprovechadas por un partido que como el PLD ha logrado construir un  poder hegemónico, sobre la base de haber creado las dos condiciones materiales,  que ya hemos descrito, en las que se apoya el “totalitarismo” unipartidista del PLD: la conversión de su cúpula dirigencial en parte poderosa de la clase económica; y correlativamente su apropiación de todas las fuentes del poder político institucional del Estado.  

Estos elementos  definen una nueva situación en la que se agrava la asimetría de la estructura del poder,  donde el grupo gobernante y su partido han alcanzado la capacidad de condicionar todo el ámbito del  poder político  hasta lograr la capacidad de intervenir y controlar la vida interna de los partidos políticos. Esa nueva situación no ha sido entendida por la dirigencia partidaria del PRD, la cual sólo atina a motorizar el “activismo mercantilista” de una militancia en la que sobre sale el “activista” cargado de ignorancia y ambiciones oportunistas. 

Esa incapacidad de la dirigencia perredista le ha permitido al PLD no sólo vapulearlo en las elecciones, pese a su mayoría, sino que  ha manipulado a su máxima dirigencia mediante una estratagema que recuerda el teorema conductista  que se describe en  'la profecía que se cumple a sí misma'.  De esa manera, en un primer momento se hizo  creer, falso o cierto, que el PLD intervino en las Primarias del PRD para determinar el triunfo de Hipólito Mejía  sobre Miguel Vargas y en un segundo momento se hizo creer, también  falsa o ciertamente, que la derrota de Hipólito Mejía fue un resultado de la “traición” de Miguel y sus seguidores, quienes trabajaron contra el candidato del partido. La consecuencia real de ese juego conductista ha sido la creación de las condiciones materiales que han determinado una confrontación entre ambos dirigentes  del partido blanco que ha llegado a nivel de lo personal, familiar y emocional  y que se ha traducido en una crisis generalizada,  aparentemente irreconciliable que de hecho ha dividido al partido de forma real e inevitable.

En medio de esa situación de confrontación, le cabe jugar un papel decisivo a los aparatos estatales controlados por el PLD, como son la JCE y el TSE, con responsabilidades constitucionales en relación a la vida interna de los partidos, los cuales han tomado posición frente al conflicto del PRD, adoptando fallos y actitudes públicas  que han puesto en evidencia su parcialización con una de las partes en conflicto, en este caso a favor de lo que se ha dado en llamar el PRD “institucional” que preside Miguel Vargas Maldonado y quien exhibe una actitud cerrada y negada al diálogo, bajo el entendido de que cuenta con el apoyo fáctico otorgado por la institucionalidad oficial controlada por el partido de gobierno. 

De esa manera, la facción de Miguel Vargas, se levanta desde una posición reducida y minoritaria  a una posición dominante derivada del gran poder fáctico acumulado por el dominio del PLD. Por el contrario, la facción que encabeza Hipólito Mejía que,  de acuerdo a las últimas encuestas, mantiene la preferencia de la mayoría, resulta disminuida, reclamando sin efectividad la vigencia de los mecanismos de legitimación democrática, como la convención, pero sin contar con una dirigencia en capacidad para retomar un proceso de  movilización de masas tendente a restablecer el equilibrio democrático no sólo a lo interior del PRD, sino en toda la estructura del poder en el país, de modo que se aseguren y profundicen las conquistas democráticas logradas por el  pueblo, hoy día amenazadas por el inminente totalitarismo del partido único. La lucha no ha de ser sólo por el PRD, sino, y más relevante an, por la democracia dominicana en inminente peligro.

De acuerdo al cálculo de utilidades políticas, el desenlace, ya muy cerca, es que el PRD habrá de ser dividido en al menos dos agrupaciones: Una que conservará los símbolos del antiguo PRD, dirigido por la facción de Vargas Maldonado, cuyo destino será el de ser un aliado del PLD, como lo fue el del PRSC; y otra facción inorgánica, sin reconocimiento formal por ahora, encabezada por Hipólito Mejía e integrada por la mayor parte de la dirigencia institucional del actual PRD, que por efecto de su limitada capacidad se habrá de reducir con el paso del tiempo. Es ese el desenlace que le asegura al PLD matemáticamente el triunfo para el 2016, de mantenerse relativamente estables las presentes condiciones del cuadro actual de la política criolla.