por: JOSÉ BÁEZ GUERRERO .Hay algunas coincidencias en varios de los más escabrosos temas que la prensa dominicana cubre en estos días.
Por ejemplo, está el caso de las denuncias sobre salchichones contaminados con heces. Las ventas bajaron muchísimo pues ningún consumidor quiere voluntariamente saberse un come m…. Pero, ¿conoce alguien a algún dominicano que en todos los años que tenemos comiendo “salami” haya enfermado por causa de la alegada contaminación?
Lo que sí está claro es que se hizo un daño tremendo a la industria, poniendo en juego el prestigio de firmas muy serias, entre ellas dos cuyos productos no sólo son excelentes, sino que deberían merecer el mayor respeto del público.
Muchos incautos aplaudieron cuando la autoridad enfiló sus cañones hacia los salchichones. ¡Qué gran defensa del público! pensamos algunos. Pero, ¿se cerró alguna fábrica, de las formales o de las “de patio”? ¿Hay alguien preso por “pupusear” los salamis?
Me puse mosca con este asunto cuando noté que con el mismo entusiasmo “salchichonesco” la autoridad apuntaba hacia los expendedores de gas propano. Pero no para defender a los consumidores, sino para ir a la radio a denunciar a una sola empresa, de las mayores del país, entre cuyos propietarios los hay de la misma familia empresarial que más sufrió por la “salamicida” campaña en su contra. ¿Será coincidencia?
Ahora está sobre el tapete una tremebunda denuncia hecha por el anterior director del FONPER acusando de estafa a sus socios de las empresas generadoras de electricidad. ¿Y cómo es que el funcionario zurdo se dio cuenta de esa “estafa” horas antes del cambio de gobierno cuando llevaba años aprobando lo que ahora denuncia como anómalo?
En cada caso precedente el patrón es similar. Se hace una denuncia extravagante, se pone en tela de juicio las reputaciones de inversionistas y empresarios, se acude a una misma emisora de radio o televisión donde se montan sainetes de extorsión bajo guisa de buen periodismo, y al final todo se vuelve siempre agua de borrajas, porque desde el principio no se buscaba la defensa del consumidor ni del interés común, sino otra cosa más particular y beneficiosa (para los “denunciólogos”).
Que en este país este esquema se haya vuelto habitual no sólo habla terriblemente de la complicidad entre malos funcionarios y malos periodistas, sino que revela que no hay buena reputación que valga dos cheles. ¡Valen muchos millones!
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