Ya que pasaron las elecciones presidenciales y que no habrá nuevos comicios hasta dentro de cuatro años, los actores del sistema democrático vuelven a coincidir en la necesidad de esta legislación. Consenso, por ejemplo, entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el Poder Ejecutivo y con mayoría en el Congreso, y el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con una cúpula que proyecta su división en su bloque de diputados.
Una delegación del Comité Político del PLD enumeró las observaciones de ese colectivo a la pieza que la Junta Central Electoral (JCE) presentó al Congreso en 2009 y que ahora discute una comisión bicameral.
El PRD se quejó de que la propuesta de la JCE limita la libertad de acción de la oposición. Orlando Jorge Mera, secretario general, se refiere a que el artículo 17 cita entre los deberes y derechos de los partidos “ejercer una oposición pacífica y constructiva frente a las ejecutorias públicas de los gobiernos…” En cambio, el partido blanco podría estar interesado en elevar los controles a las ejecutorias oficiales que pueden prestarse al uso de los recursos públicos en campaña electoral.
El ex candidato Hipólito Mejía, quien en las pasadas elecciones presidenciales denunció el supuesto uso de fondos estatales a favor del oficialista Danilo Medina, dijo dos días después de las votaciones que se erigía en líder de la oposición para exigir y viabilizar la aprobación de los proyectos de ley de partidos y una nueva ley electoral.
Grandes y pequeños parecen divididos. Los últimos andan denunciando que se conspira para hacerlos desaparecer, pese a que sus apoyos son tan útiles en cada elección.
Hasta ahora muchos pequeños han sobrevivido gracias a sus alianzas con el PLD y el PRD, condición excepcional que les permite conservar su personería, aun cuando no alcanzan el mínimo de 2% de los votos de cada elección requerido para mantener el reconocimiento. Para reducir sus posibilidades de desaparición, un bloque de minoritarios propone bajar ese tope al 1%.
Quiere, además, que entre los mayoritarios, los que alcanzan más del 5% de los votos, sólo se reparta el 70% del dinero que aporta el Estado, no el 80% como ahora. Este año la JCE distribuyó RD$1,120 millones entre PLD, PRD y PRSC, como aporte del Estado, y luego RD$280 millones entre todos en partes iguales.
Su lucha también persigue sustituir el método de D`Hondt, utilizado para repartir los escaños –diputaciones y regidurías– según la votación, por el de coeficiente y resto mayor, que daría mayor acceso de las minorías al Congreso y los ayuntamientos. También quieren que los votos marcados en las casillas de dos organizaciones aliadas se repartan en partes iguales y no se le asignen todos a la que encabeza la alianza, como ocurre ahora.
No todo es ventaja propia. La enmienda de Dominicanos por el Cambio (DxC) incluye compromisos para los competidores, como “la obligatoriedad de los debates públicos y televisados durante el período de campaña electoral, entre todos los candidatos a la presidencia”.
En su condición de no grande y no tan pequeño, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) busca un papel activo en las discusiones sobre el proyecto. Sus voceros apelan a un acuerdo político para aprobar un “código electoral”, que incluya no sólo la ley de partidos, sino también la nueva “ley electoral” y una “de garantías electorales”. En ese aspecto, parece coincidir con el PRD.
Este procedimiento, de crear un paquete legislativo, puede robustecer la normativa del ramo o postergar otra vez la aprobación de la ley de partidos políticos, cuya primera versión se redactó en 1999.
La aspiración básica con esta ley es limitar el tiempo de las campañas electorales, reglamentar el financiamiento privado a los partidos, velar por la democracia interna de esas fuerzas y facilitar igualdad de condiciones para la competencia. Pero en la discusión, cada quien busca sus ventajas o se defiende de lo qu e le afecta.
Se presagia una lucha de intereses, pero el PLD tiene mayoría congresual y falta ver si sus coincidencias con el PRD son mayores o menores que las divergencias. El PLD tiene la oportunidad de hacerse catalizador de la idealizada ley de partidos políticos o, en cambio, de un traje a la medida que mantenga el actual estado de cosas. ¿O contribuirá a que el proyecto vuelva a dormir en los archivos del Congreso?
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