El Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió en su sede de la capital norteamericana, Washington, una carta de análisis de la economía dominicana, en la cual, entre varios puntos, plantea al Gobierno Dominicano eliminar las exenciones fiscales que se otorgan a sectores productivos como mecanismo para estimular la generación de puestos de trabajo gracias al sostenimiento de inversiones destinadas a producir bienes y servicios juzgados importantes para el país.
El pronunciamiento del FMI se conoce en momentos durante los cuales se abre la versión anual de la Feria Agropecuaria Nacional 2013, un encuentro de expositores de una de esas áreas que está obligada a competir con sus iguales europeos y estadounidenses que reciben más que exenciones, cuatiosos subsidios, destinados a sostener esa producción y ante los cuales subsidios, ni siquiera la Organización Mundial del Comercio ha podido conseguir la eliminación de tales formas de estímulos productivos.
¿Por qué a una nación con menor desarrollo relativo que esas grandes potencias, se le requiere desde el FMI, la eliminación de disposiciones de política enderezadas a robustecer a inversionistas nacionales y extranjeros que, de otra manera, tal vez, tendrían que abandonar las áreas en las cuales operan y quizá, hasta el territorio de la República Dominicana ? Y más allá de esta cuestión, ¿por qué estas sugerencias se producen, en instantes en que se robustecen políticas de ahorro del gasto público que aún deben ser mucho más ampliadas, cuando, poco ha, las políticas de derroche fiscal y corrupción no llamaban la atención del organismo regulador multilateral?
El Gobierno Dominicano tiene que conocer de esas recomendaciones como quien oye llover; atento a aquello que en realidad tiene sentido lógico y dispuesto a obviar cuanto resulte una interferencia sin sentido para aquellas de sus medidas que en realidad rescatan y eventualmenten tienden a fortalecer la economía del sector público y, por supuesto, la economía doméstica. Todo lo demás tiene que contemplarse como un ejercicio retórico de técnicos que, al no tener mayores conocimientos reales de cuanto ocurre en naciones como la dominicana, escriben para justificar sus altos salarios que, por cierto, se cubren con los aportes que pagan los gobiernos de los países miembros del FMI.
Las exenciones serán eliminadas en momentos durante los cuales una economía más fuerte, tenga sectores productivos de bienes y servicios que salgan a competir más allá de sus fronteras, sin confrontar acciones “técnicas” aduaneras, dumpings ni colosales subsidios, como aquellos a los que se obligan a pasar por encima, a duras penas, los productores dominicanos que intentan vender en el extranjero.
Entonces y sólo entonces podrá el FMI, recomendarle al Gobierno Dominicano, la aplicación de medidas de política fiscal y monetaria como las contenidas en el análisis dado a conocer en horas recientes y que motiva este punto de vista editorial de LA INFORMACIÓN.
Comenzó la disputa
Tal cual estimó este diario en el segundo de sus editoriales del sábado, el máximo dirigente de la oposición política de Venezuela, Henrique Capriles, ya puso de manifiesto su inconformidad con la decisión del tribunal supremo que declara admisible que Nicolás Maduro asuma como Presidente interino, cuando la vigente Constitución establece con claridad meridiana, que la misma debe recaer en el presidente de la Asamblea Nacional.
No cabe ninguna duda que la decisión tuvo una causa netamente política que, aún cuando como imposición tenga los resultados a los que aspiran los sucesores del Presidente Hugo Chávez, tendrá efectos negativos sobre la instauración de una democracia venezolana como la que enunció el fenecido mandatario y la que preconizan sus sucesores: diáfana, transparente e inigualable.
El pronunciamiento del FMI se conoce en momentos durante los cuales se abre la versión anual de la Feria Agropecuaria Nacional 2013, un encuentro de expositores de una de esas áreas que está obligada a competir con sus iguales europeos y estadounidenses que reciben más que exenciones, cuatiosos subsidios, destinados a sostener esa producción y ante los cuales subsidios, ni siquiera la Organización Mundial del Comercio ha podido conseguir la eliminación de tales formas de estímulos productivos.
¿Por qué a una nación con menor desarrollo relativo que esas grandes potencias, se le requiere desde el FMI, la eliminación de disposiciones de política enderezadas a robustecer a inversionistas nacionales y extranjeros que, de otra manera, tal vez, tendrían que abandonar las áreas en las cuales operan y quizá, hasta el territorio de la República Dominicana ? Y más allá de esta cuestión, ¿por qué estas sugerencias se producen, en instantes en que se robustecen políticas de ahorro del gasto público que aún deben ser mucho más ampliadas, cuando, poco ha, las políticas de derroche fiscal y corrupción no llamaban la atención del organismo regulador multilateral?
El Gobierno Dominicano tiene que conocer de esas recomendaciones como quien oye llover; atento a aquello que en realidad tiene sentido lógico y dispuesto a obviar cuanto resulte una interferencia sin sentido para aquellas de sus medidas que en realidad rescatan y eventualmenten tienden a fortalecer la economía del sector público y, por supuesto, la economía doméstica. Todo lo demás tiene que contemplarse como un ejercicio retórico de técnicos que, al no tener mayores conocimientos reales de cuanto ocurre en naciones como la dominicana, escriben para justificar sus altos salarios que, por cierto, se cubren con los aportes que pagan los gobiernos de los países miembros del FMI.
Las exenciones serán eliminadas en momentos durante los cuales una economía más fuerte, tenga sectores productivos de bienes y servicios que salgan a competir más allá de sus fronteras, sin confrontar acciones “técnicas” aduaneras, dumpings ni colosales subsidios, como aquellos a los que se obligan a pasar por encima, a duras penas, los productores dominicanos que intentan vender en el extranjero.
Entonces y sólo entonces podrá el FMI, recomendarle al Gobierno Dominicano, la aplicación de medidas de política fiscal y monetaria como las contenidas en el análisis dado a conocer en horas recientes y que motiva este punto de vista editorial de LA INFORMACIÓN.
Comenzó la disputa
Tal cual estimó este diario en el segundo de sus editoriales del sábado, el máximo dirigente de la oposición política de Venezuela, Henrique Capriles, ya puso de manifiesto su inconformidad con la decisión del tribunal supremo que declara admisible que Nicolás Maduro asuma como Presidente interino, cuando la vigente Constitución establece con claridad meridiana, que la misma debe recaer en el presidente de la Asamblea Nacional.
No cabe ninguna duda que la decisión tuvo una causa netamente política que, aún cuando como imposición tenga los resultados a los que aspiran los sucesores del Presidente Hugo Chávez, tendrá efectos negativos sobre la instauración de una democracia venezolana como la que enunció el fenecido mandatario y la que preconizan sus sucesores: diáfana, transparente e inigualable.
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