La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno Dominicano que se fije con prontitud la fecha para convertir en realidad la visita a la República Dominicana , a los fines de conversar en relación con la famosa y polémica sentencia del Tribunal Constitucional, relacionada con la concesión de la nacionalidad dominicana a hijos de haitianos con residencia ilegal en la parte Este de la isla de Santo Domingo.
Conviene que esa invitación se curse a la mayor brevedad.
Pero no deja de llamar la atención este llamado de la CIDH a convertir en hecho concreto una visita que satisfaría una previa invitación cursada por el Gobierno Dominicano, luego de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conociese recursos interpuestos por algunos de cuantos se consideran afectados por la decisión del Tribunal Constitucional y luego que los países europeos rechazasen involucrarse en una debate que para la Unión Europea (UE) no parece apropiado por el hecho de que, conforme señala el representante permanente de la UE en el país, Alberto Navarro, “cada país, cada Estado, es libre de decidir cómo se concede la nacionalidad”.
Tal vez en la falta de disposición a admitir lo que de manera explícita se contiene en esta expresión del delegado de la Unión Europea, radica la aparentemente irreductible postura que han asumido muchos de los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana y muchos de los dominicanos que respaldan la postura de los más radicales, para que se conceda la nacionalidad dominicana a esos hijos de haitianos de permanencia ilegal en territorio dominicano.
Dos puntos de vista se encierran en lo que ha sido la actitud de la CIDH y la UE, conforme acaba de exponerse por la declaración del señor Navarro, quien señaló que con ello se rechazaba una solicitud del gobierno haitiano, para que los países europeos conociesen del tema.
De ahí la necesidad de que, tal cual lo solicita la CIDH , se ponga un poco de empeño en recibir a los integrantes del organismo interamericano, pues no es igual el juicio que se hace desde lejos a partir de planteamientos más o menos veraces de una situación, que el juicio que parte de vivencias inmediatas y con ocasión de conocer posturas objetivas y subjetivas de un determinado problema; y por supuesto, a partir de esta visión, conviene agilizar esa visita y corresponde a las autoridades poner fecha y fijar procedimientos para que todo se haga realidad con presteza.
No es grande el esfuerzo emocional que tengan que llevar a cabo las autoridades del país, puesto que ya cursaron la invitación y el requerimiento de la CIDH es meramente protocolar, pues siendo un organismo interamericano, parte de la Organización de Estados Americanos, necesita de tal formalidad para cumplir el deseo de los dominicanos.
lunes, 11 de noviembre de 2013
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