Conflicto revelador

El sistema judicial dominicano presencia un conflicto entre la Fiscal del DN y una Jueza de la República, el cual pone en evidencia la pobreza moral e institucional por la que atraviesa la Nación, como consecuencia de la emergencia de un sistema de dominación regido por fuerzas políticas y económicas, que en vez de canalizar sus intereses particulares a través del marco jurídico-institucional, han optado por el uso de una metodología fáctica más propia de las “mafias”, que violan las leyes y presionan para inmoralizar la institucionalidad pública y privada, corrompiéndolas para luego tender sobre ellas el pesado manto de la impunidad.
    
Esa situación es la que ha quedado al descubierto con la denuncia pública hecha por la Fiscal del DN, Yeni Berenice Reinoso, al recusar a la Jueza de la atención permanente atribuyéndole graves irregularidades precedentes y quien trataba el caso del archivo interpuesto por el exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, quien busca evitar ser investigado por la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, situación que ya había originado las irregularidades en la Cámara de Diputados para la aprobación de la Ley sobre el CPP, donde se eliminó el derecho de la ciudadanía a querellarse contra los funcionarios corruptos y que el Presidente Medina tuvo a bien observar atendiendo a un reclamo generalizado de la opinión pública. 
    
De modo que el conflicto entre la Fiscal y la Jueza no es tan simple ni es fruto de la inexperiencia o de un temperamento impetuoso. Se trata de un conflicto político-institucional que enfrenta a dos asociaciones de intereses orientadas por dos corrientes ideológica-políticas que se disputan históricamente la hegemonía en la conducción del Estado y del gobierno: la corriente institucionalista apagada a los ideales civilistas asociados al concepto de una democracia institucionalmente organizada; y la corriente autoritaria y fáctica apegada a los intereses económicos y partidarios que responden a una estructura social de naturaleza oligárquica que ha impuesto un paradigma del poder personalista y patrimonialista apropiador de los recursos públicos con fines de sustentación continua, monopólica y totalizadora del poder político.
    
De manera tal que lo que hay detrás de ese conflicto es un verdadero enfrentamiento entre fuerzas políticas  y su concepto del poder. Le ha tocado a Yeni Berenice como Ministerio Público, la responsabilidad solitaria de develar el conflicto  y cargarlo bajo sus hombros de mujer meritoria y valiente, quien debería contar con el más amplio apoyo de los institucionalistas para poder sobrellevar esa situación con alguna posibilidad de éxito, aunque éste sea el reconocimiento a una inmolación heroica.  
    
Por el contrario, lo que está encontrando la Fiscal es el manto corrompido del poder mediático que intenta estigmatizarla por su responsabilidad desafiante y la oferta de una mediación “inocente”  de juristas que postulan por un “arreglo” interpersonal entre Fiscal y Jueza para “echarle agua al vino”, es decir, tapar con la impunidad la verdad del conflicto.

¡En esta hora, que se apoye a la Fiscal del DN!