Un contraste inaceptable

La prensa se ha hecho eco del estado de calamidad por la que están atravesando los principales hospitales públicos del país. La afluencia del público buscando salud, sobre todo por la incidencia del virus de “chicungunya”, ha dejado ver la precariedad del servicio, hasta el punto de que esos centros de salud se han declarado en estado de emergencia. La falta de todo y de recursos se ha simbolizado en la carencia hasta de “paletillas” para el examen de la garganta de los pacientes. La situación no puede ser más dramática y reveladoras de un Estado que está fallando en todos los frentes como ofertante de servicios.
    
En contraste con esa situación, la misma prensa  da a conocer cómo en otra dependencia del Estado se dilapidan los recursos públicos, sin ningún respeto por la población que demanda y reclama los servicios públicos. Es el caso de la Cámara de Diputados, la cual en medio de la calamidad de los hospitales, dispuso más de 176 millones de pesos para repartirlos entre los diputados para promover el “clientelismo”, tomando como pretexto la celebración del Día de Las Madres. Esa operación, además ha dado lugar a denuncias públicas sobre presuntas irregularidades que han hecho que la misma prensa, escrita y hablada, se haya alarmado reclamando transparencia, especialmente al momento de las compras de los efectos regalados.     
   
Fuera de la ocurrencia de irregularidades, ya muy común  en la Administración Pública hasta el punto de que la Justicia ha considerado normal el “archivo” de los casos que se le someten, lo cual es también inaceptable, el  contraste entre la precariedad en Salud Pública y el derroche de los  diputados, es revelador de una mentalidad  política enloquecida e inaceptable  que gravita en la gestión pública, la cual ha perdido la capacidad de discernir sobre lo que son las prioridades del Estado frente a la población. La partidocracia y la politiquería lo han confundido todo y los políticos en funciones públicas sólo atinan a aprovechar las oportunidades para apropiarse de fondos públicos para su beneficio y de sus clientelas. Por eso el Estado no puede exhibir capacidad para resolver ningún problema colectivo.     
    
Ante esa penosa situación, tan contrastante como inaceptable, se hace necesario que surja una Voluntad Política de Estado que reordene y restablezca el sentido de las prioridades, que recupere la capacidad del Estado de responder con eficacia y eficiencia a los problemas del país.  Hay que ponerle fin a tanta politiquería, antes de que el país estalle y decida proscribir tanta falsía.
¡Qué no se dé el dispendio, junto a los estados de emergencia!