Una Ley Liberalizadora

Pasará a la historia, después que sea aprobada la ahora denominada Ley de Naturalización, como la ley que liberó a la Nación Dominicana de ser llamado un país esclavista, libró al Gobierno Dominicano de detentar un problema para el cual no estaba preparado al instante de asumirlo, contentó a muchos dominicanos y sembró en otros interrogantes para las cuales, sin duda, no aparecerán respuestas.
    
Los países de mayor desarrollo relativo de Europa limitan el número de inmigrantes; España devuelve desde demarcaciones extraterritoriales bajo soberanía española, a miles de africanos que intentan utilizar ese paso hacia el territorio continental español; Italia dejó morir en la isla de Lampedusa, a decenas de africanos que pretendieron utilizar ese promontorio para penetrar a la península; famoso fue el caso de la niña romaní o gitana, sacada del autobús que transportaba otros escolares, para expulsarla de Francia. En general, cabe agregar, los gitanos son preteridos en los países europeos, desprestigiados, aislados y discriminados, sin que ninguna entidad de derechos humanos, diga nada.
    
Con persistencia, los inmigrantes que viven sin permiso y sin documentos en Estados Unidos, reclaman se les regularice su condición en ese país, y en tanto algunos políticos, entre los cuales se cuenta al presidente federal, Barack Obama, pugnan por esa regularización, otros no la consienten y batallan en medios de opinión pública y en círculos de poder –comenzando por el Congreso federal, en Washington-, contra esa posibilidad.

Las grandes naciones que tan escasa consideración muestran hacia las migraciones que les llegan desde países más pobres, a nada temen, porque tienen poderío militar, son respetadas por tradición o desde sus territorios es que se lanzan dardos críticos contra pueblos menos fuertes, cual es el caso de la República Dominicana.
    
Cada vez que en el país es devuelto un vecino isleño hacia la tierra en la cual nació, llueven las censuras, no ya sobre los gobiernos, sino contra el país; y salen a relucir amenazas como aquellas de que la República será llevada ante tribunales internacionales, o se le limitará asistencia económica y otros programas de ayuda técnica serán eliminados, nada de lo cual se cierne sobre aquellos otros países que, sin ningún respeto por derechos humanos, expulsan o impiden entrar a su territorio a extranjeros desesperados por el hambre.
    
Por eso es que puede decirse sin duda alguna, que el proyecto de ley denominado en principio de naturalización, sobre todo de los haitianos, constituye, en el fondo, una potencial ley de tranquilización de conciencias, de acallamiento de voces amenazantes, de aseguramiento de esperadas ayudas económicas y técnicas y de liberalización de inquietudes. Para todo esto sirve la dichosa ley, que quiera Dios pueda ser leída por quienes votarán por ella y que en el mañana, cuando el país pase revista a sus propios desaciertos, los legisladores que ejerzan funciones entonces, no digan con la tranquilidad que lo dijeron hace poco algunos de quienes aprobaron una resolución que favorecía a una empresa minera, que lo que entonces era un proyecto de resolución no tuvieron tiempo de leerlo, “porque el partido los instruyó” para que se aprobara rápidamente.