Justicia e inseguridad

Según las encuestas el problema de la inseguridad ciudadana ha pasado a ser el más acuciante que percibe la población, como consecuencia de la proliferación de la delincuencia y la criminalidad.  El combate efectivo de esos problemas causantes de la inseguridad no sólo  requiere de un marco normativo de códigos y reglamentos coherentes, claros y facilitadores de la correcta persecución y prevención de la conducta delictiva, sino que se requiere de órganos efectivos y capaces para su correcta aplicación y sanción. Dentro de esos órganos, le toca a la Justicia un rol estelar juzgando con probidad y eficacia los casos criminales y de violación a la Ley que se le presenten, los cuales han de tratarse sobre la base de esos códigos, pero además con un honesto sentido de justicia.
    
Frente a una situación como la que vive el país en materia del crimen y la delincuencia, se espera que la Justicia contribuya con eficacia, prontitud y seriedad en el combate de esos males. Sin embargo, la debilidad que exhibe la Justicia, por las razones que sean, la coloca como una de las instituciones peor valorada por la población. Con mucha frecuencia los delincuentes atrapados por las autoridades policiales, son liberados o reciben condenas benignas de los tribunales, cuyos jueces, alegando falacias  o triquiñuelas “jurídicas”, acuerdan sanciones que son verdaderas burlas a la Justicia y a la sociedad.
   
 Ese es el caso del nefasto fallo del tribunal que decidió liberar de culpa a cuatro de cinco delincuentes que victimizaron casi hasta la muerte a la joven Francina Hungría, quien salvó su vida milagrosamente, pero que perdió la vista como consecuencia de las heridas de bala que le proporcionaron sus atacantes para atracarla, hecho del cual quedaron grabadas hasta pruebas audiovisuales.  
    
El fallo no pudo ser más lastimoso y revelador de la descomposición sicosocial y moral que afecta a la sociedad, la cual promueve el clima de impunidad reinante, que deja indefensa a la sociedad dominicana.                 

 La sociedad entera debería pararse y gritar indignada y a toda voz: “basta ya” de tanta indolencia e inmoralidad y pedirle a la SCJ y al Consejo del Poder Judicial que se “manifiesten” frente a esa burla indignante del tribunal.  
¡Por Dios, “crucifíquenlos”!