La Convergencia

El anuncio de la “Convergencia por un mejor país” en la que participan facciones del PRD y otras agrupaciones partidarias y cívicas, ha creado un gran debate del que debe salir con claridad la naturaleza y alcance de esa novedosa iniciativa política, surgida en circunstancias en que el partido de gobierno ha emergido como un poder totalizante, al tiempo que la oposición se fragmenta.       
    
Algunos sostienen que se trata de crear un espacio donde converjan y participen todos aquellos movimientos con vocación democrática, a fin de ir creando las bases materiales de un movimiento que enfrente y revierta las tendencias que hacen del partido de gobierno un poder hegemónico, cuya lógica lo lleva a monopolizar todas las fuentes institucionales del poder económico y estatal, que amenaza la democracia y al sistema de partidos, al modificar el formato del régimen democrático por una dictadura institucionalizada y legalizada basada en un partido único.
    
La profundización de esas tendencias es lo que está provocando el temor y la percepción del peligro que se cierne sobre la débil democracia dominicana. Y son esos temores e incertidumbres  los que subyacen en la motivación de formar una “convergencia” que integre y articule a todos aquellos sectores con vocación democrática y que están fuera y debajo del gran poder hegemónico. Así motivada la “convergencia” es una iniciativa de naturaleza esencialmente política que ha de definir un “ideario” que responda, con claridad y efectividad para ser atractiva, a una necesaria visión sobre el país que tenemos y que queremos, a la vez que elabore y presente a la ciudadanía un modelo de gestión de gobierno que convenza a la población de que los demócratas de la “convergencia”, del color que fuere, sí sabrán gobernar, manejando el Estado y orientándolo a promover el desarrollo dominicano y con ello superar los problemas que hoy atormentan a la población. 
    
Antes de llegar a esas ideas finalistas, la “convergencia” ha de pasar por una fase de organización, definiendo metodologías y procedimientos, así como un plan  de “movilización” de la ciudadanía mediante un programa operativo de trabajo, para difundir su “ideario” y socializarlo en la población, de modo que potencialice su capacidad movilizadora en pos de aquellos proyectos que permitan fortalecer la institucionalidad y convivencia democrática. Entre esos proyectos habrán de estar, por ejemplo, la Ley de partidos, un nuevo régimen electoral y la conformación de una nueva JCE  y de las altas cortes, de modo que éstas garanticen  la necesaria igualdad y transparencia en los procesos electorales, para que surjan gobiernos creíbles y legítimos.