Desafío institucional

El marco institucional de la República, no sólo está desafiado por la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a la ciudadanía, sino que ahora, es sacudido por la controversia que suscita el tema de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, recreada por la posición pública del CONEP  en defensa de la aprobación de ambas leyes. 
    
La Ley de Partidos y la Ley Electoral son un mandato constitucional que los órganos del Estado no han afrontado con responsabilidad, dándole larga a su conocimiento y aprobación. Los propios partidos políticos, en especial los de oposición, han sido muy tímidos y casi indiferentes frente al reclamo de su aprobación. Esas dos leyes habrán de fortalecer y consolidar la democracia, propiciando una real competencia entre los partidos y un manejo electoral que garantice la emergencia de gobiernos creíbles y confiables, que surjan de  procesos electorales transparentes, legítimos y en igualdad de condiciones.  
    
Esas dos reformas, sin embargo, no han sido consideradas ni aprobadas por el Congreso, fundamentalmente porque no son de interés del partido de gobierno, el cual ha aprovechado su estancia en el poder para acumular tal nivel de control de la economía y del Estado, convirtiéndose en el partido hegemónico del sistema partidario, y con una clara vocación monopólica que se ha concretado en la apropiación de todas las fuentes institucionales del poder político. En esa circunstancia el partido de gobierno dispone de la capacidad de manipular los procesos electorales, mediante procedimientos lícitos e ilícitos no transparentes, tal como se ha observado en las últimas elecciones, por lo que la Ley de Partidos Políticos y una nueva Ley Electoral, podrían establecer  condiciones institucionales que pongan  en riesgo su poder monopólico y su dominio, que de acuerdo a lo admitido por su máximo líder, el expresidente Leonel Fernández, deberá durar por más de 40 años.   
    
Favorece a esas pretensiones continuistas, la crisis y división del mayor partido de la oposición, el cual ha sido intervenido por el grupo dominante del partido de gobierno, con el propósito “latente” de mantenerlo dividido para las próximas elecciones, con lo cual se asegura matemáticamente el triunfo electoral  y el continuismo en el poder. Por eso las instancias institucionales que regulan la vida de los partidos controladas por el partido oficial, como son las altas cortes, han decidido a la luz de todos intervenir mediante reiteradas sentencias que, en lo sustancial, tienen como objetivo decretar la división del PRD, como condición decisiva para  el triunfo del PLD, independientemente de su candidato.  
   
La situación no sólo pone en peligro la celebración de unas elecciones democráticas, sino que amenaza a la democracia dominicana, la cual evoluciona hacia un régimen de un único partido y de un totalitarismo de Mercado, que impone  la vigencia del “capitalismo salvaje”. En ese esquema no serán posibles una  economía con rostro humano y una democracia respetuosa de los derechos humanos y promotora del desarrollo sustentable.
    
Los partidos políticos de la oposición deberían seguir el planteamiento del CONEP y empoderarse del mismo, al tiempo de movilizar a la población por la Ley de Partidos y Electoral.  

¡Qué se defienda la democracia!