Buena oportunidad

Uno de los puntos débiles de la presente gestión de Gobierno es su indefinición e inoperancia en la lucha contra el flagelo de la corrupción. El tema no parece estar en la agenda oficial, fuera de la conducta proba y honesta exhibida por el Presidente y su anillo íntimo de funcionarios. Por esa razón ha causado duda y extrañeza que la Fiscalía del DN haya dado a conocer que investiga supuestos hechos de corrupción atribuibles al exministro de Obras Públicas del Gobierno pasado, lo que ha desatado una ola de comentarios sobre presiones ejercidas contra la Fiscal Yenny Berenice Reynoso, quien osó destapar ese expediente en medio de lo que se entiende como un blindaje institucional de protección de la corrupción establecido por la pasada administración.   
    
Otra buena oportunidad en la lucha contra la corrupción, problema que ha significado para la República la pérdida de cuantiosos recursos tal cual lo estableciera la Cámara de Cuentas, lo constituye el escándalo que se ha destapado con la compra de los famosos aviones Tucanos, comprados a Brasil para integrarlos al combate contra el narcotráfico también en la pasada administración. De acuerdo a la prensa internacional, una investigación hecha por los EE.UU y el propio Brasil, ha arrojado pruebas que ponen en evidencia que en la compra de los Tucanos, la empresa vendedora tuvo que pagar sobornos de varios millones de dólares a ciertas autoridades dominicanas.
    
A partir de esa información la Procuraduría General, en la persona de Domínguez Brito, ha impartido instrucciones para que el departamento especializado en el combate contra la corrupción, proceda a realizar una investigación que determine si en esa operación de compra de los aviones hubo el pago de sobornos. La Procuraduría tiene la situación favorable de que los organismos investigativos de Brasil y de los EE.UU ya han avanzado pasos en la investigación, por lo que pudiera aprovecharse de los resultados y pruebas establecidas en esas investigaciones.
    
La ocasión es propicia para probar si es cierto que las presentes autoridades están de verdad interesadas en atacar el estado de impunidad reinante que ha propiciado tanta delincuencia de funcionarios públicos desde el Estado. Se debe dar ese paso para que el país sienta que se enrumba por una nueva ética en el ejercicio de la función pública, tal como lo definen las leyes y la Constitución y tal como lo exhibe el actual Presidente de la República.
¡La misión está en las manos del Procurador!