Languidece la democracia

En la evolución del sistema  económico capitalista se ha tenido que admitir la necesidad de establecer leyes que controlen y regulen  la tendencia natural al monopolio, distorsión violatoria del libre juego de la oferta y la demanda que desequilibra el sistema de precios, y que hace que los monopolios se levanten como un poder que fija los precios  por encima de los ideales del Mercado. Ese poder económico del monopolio en el Mercado, se traduce, además,  en poder político concentrado, con lo que se pierden las condiciones institucionales que le dan vida y sustento de la democracia. 
    
Esa materialidad institucional es la que se ha visto  desarrollar en el país con el actual partido gobernante, poniendo en peligro la frágil democracia dominicana, al aprovechar su estancia en el poder para convertirse en grupo económico dominante, al tiempo de apropiarse de todas las esferas del poder político del Estado, pasando a controlar y coordinar de forma monopólica el proceso de toma de decisiones económicas y políticas. 

Ese resultado material, que es el de mayor significación para entender lo que está pasando en el país, se fue construyendo mediante un violento proceso de apropiación privada de los recursos públicos, el cual requería del control totalizador de los aparatos del Estado, incluyendo los órganos de Justicia, para garantizar la necesaria impunidad y protección de la corrupción. De este modo también se garantizaba el control monopólico del poder, violándose el principio democrático de la separación de los poderes del Estado, los cuales pasan a obedecer a la voluntad unitaria y única del partido gobernante, como nueva clase dominante de la Nación.
    
Esas últimas condiciones, a su vez, han reforzado la necesidad de la continuidad en el poder, violándose, así también, el principio democrático de la alternabilidad y consecuentemente todo sentido de transparencia y de legitimidad democrática. Las elecciones son sólo un espacio para legitimar el dinero como criterio fáctico central y el uso abusivo de los recursos del Estado, violándose las leyes presupuestales y fiscales de la Nación. 

Modificación del Código

Todos esos condicionantes que desata la lógica de la monopolización del poder están llevando  al sistema de partido al régimen unipartidario, el que  a su vez crea la necesidad funcional de integrar o dividir a los partidos de la oposición, como condición de la continuidad del poder totalizador. De esa manera, también se puede entender cómo la dinámica legislativa se orienta para garantizar la protección de los funcionarios que tuvieron que prevaricar  en la tarea de construir el poder monopólico del partido de gobierno. Y es en ese contexto que tiene lugar la reciente decisión del Congreso, al modificar el Código Procesal Penal, eliminando el párrafo del artículo 85 que permitía que los ciudadanos se pudieran querellar contra los funcionarios corruptos, asignándole esa facultad sólo al Ministerio Público, órgano bajo el control monopólico del grupo gobernante. Se trata de cerrar toda posibilidad democrática que atente contra la seguridad del poder establecido. Así se protege el poder monopólico pero se va muriendo la democracia. 

¡Qué no perezca la democracia en las manos de Danilo!