El salario de los jueces

Las últimas renuncias de abogados que por algunos años formaron parte del tren judicial recuerda una necesidad común  en quienes se encuentran enrolados en la administración pública,  la cual es lograr mayores ingresos que aquellos  asignados dentro de la Ley General de Presupuesto en las apropiaciones correspondientes a cada departamento.  Sin embargo, el caso del Poder Judicial tiene singularidades a tomar en cuenta no solamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de cabeza individual de ese poder judicial, sino también por el Presidente de la República en su condición de jefe del Gobierno dominicano.
    Los jueces están llamados a ser personas de indudable providad y a este diario no le cabe ninguna duda de que los son en su inmensa mayoría; mas no puede la administración pública dejarlos en condición tan precaria que puedan ser tentados por parte en los litigios, que asistidos o no por derechos de ley, marchen tan presurosamente que se muestren interesados en tentar a los jueces. El Gobierno dominicano no puede darse ese lujo.
    Es imprescindible que ahora que se encuentra en fase de formulación y diseño el Presupuesto General de la Nación,  se piense en los señores jueces; no porque alguno pueda entrar en concusión, sino porque es obligación del Gobierno dominicano ser previsor ante los integrantes del Poder Judicial,  magistrados y personal que por la particularidades de su labor están sujetos a tentaciones.
    Durante el último año de ejercicio del predecesor  del actual presidente de la República, se le negó al Poder Judicial la posibilidad de recibir mayores recursos y las apropiaciones consignadas en la Ley General de Presupuesto tuvieron preocupantes limitaciones como lo externaron en su momento, en aquel tiempo, funcionarios del sistema judicial. Nadie, sin embargo, los escuchó.
    Las renuncias que se han presentado ahora de jueces de carrera reflejan no solamente el disgusto que prevalece, sino además, los inconvenientes derivados de la adjudicación de retribuciones que deben ser reconsideradas, a partir de la reformulación y diseño, mejor aún, de la presentación al Poder Legislativo del proyecto de la Ley General de Presupuesto, en razón  de que el Gobierno dominicano no puede darse el lujo de perder funcionarios de carrera del Sistema Judicial, mucho menos a jueces de las juridicciones de Instrucción o de juicio.
    Vale la pena que el sistema judicial, con todas las críticas despertadas por fallos y dictámenes muy específicos,  pueda mantenerse con el personal en todos sus niveles,  que tiene actualmente.