Regulación migratoria

A “Mamá”, el pretenso integrante de las oficinas del Ministerio Público de Haití en la localidad de Juan Méndez, no le gustó que le impidiesen su paso hacia territorio dominicano en Dajabón por carecer de documentación personal y los correspondientes permisos consulares. Dominado por la ira, atravesó su vehículo personal sobre el puente que separa las dos ciudades e impidió el paso de quienes estaban dotados de documentación para cruzar la frontera en uno u otro sentido, en ese punto.
    
Aunque el incidente ocurrió el jueves y motivó un viaje de urgencia del Director General de Migración de la República Dominicana , Lic. José Ricardo Taveras hacia Dajabón, el viernes, este destello de personalización e individualización de las relaciones entre dos Estados soberanos no puede quedar como un simple e intrascendente suceso, fruto de la cólera de un individuo.
    
Para comenzar, el tal “Mamá” es mencionado entre los propietarios de ganado del Municipio de Dajabón, como el funcionario haitiano que apadrina y alienta el abigeato contra los propietarios dominicanos de la región Noroeste; en adición, su gesto, muy personal, lejos de provocar una reacción disuasoria entre otros integrantes de las oficinas públicas haitianas en Juana Méndez, despertó solidaridad, convirtiéndose en algo formal el cierre de la frontera en ese punto de la raya que separa los dos territorios, ese día.
    
Por muy débil –si se quiere, tolerante-, que sea el Gobierno Dominicano ante sucesos de esta índole, la Soberanía del Estado Dominicano obliga a las autoridades nacionales a sostener ante el gobierno de Haití, una protesta que incluya la remoción o traslado de los funcionarios haitianos de Juana Méndez que iniciaron y llevaron a cabo este inexplicable suceso.
    
La República Dominicana no puede seguir mostrándose tan ineficaz en sus relaciones internacionales, que un simple funcionario del Ministerio Público de Haití determine el cierre de un punto en la frontera entre los dos territorios. Esa ineficacia puede entenderse –y de tal manera se contempla- como debilidad del Estado Dominicano y de su Gobierno.
    
El viaje hecho por el Director General de Migración, fue oportuno, pero es insuficiente; la gravedad de lo acontecido obliga a una actuación diplomática de alto nivel, que procure se resarza el daño moral cometido por el tal “Mamá”.
    
Hasta ahora, la línea fronteriza ha sido tomada por los vecinos isleños como un punto violable, a lo que han contribuido malos dominicanos, de la estirpe de aquellos que a fines de mil ochocientos veintiuno invitaron a Juan Pierre Boyer a ocupar el territorio de la parte Este de la isla de Santo Domingo, para evitar que una gran potencia dominase a los dominicanos; esos dominicanos fueron identificados por el Director General de Migración, como oficiales a cargo de resguardar la raya fronteriza, pero que con actos de “macuteo” incumplen sus deberes como agentes públicos y ponen en peligro, en última instancia, la seguridad nacional.
    
Conviene que los normativos y procedimientos que la Dirección General de Migración intenta aplicar, basados en la ley, se apliquen sin tardanza y que a individuos como el tal “Mamá”, sean o no cuatreros o padrinos de éstos, se les haga ver que la ley dominicana debe ser respetada por todos los nacionales o extranjeros que viven unos, e intentan venir o vienen al territorio de la República Dominicana , los otros. Y el primero que debe hacerlo saber es el Gobierno Dominicano. Sin ningún temor, aunque tenga que decírselo al Gobierno haitiano.
 

¿Cuál es la aclaración?
 
En un vacío acto de defensa para una funcionaria del Ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social que compró poco más de veinticuatro millones de pesos en colchonetas de dos pulgadas de ancho, facturadas como “colchones hospitalarios”, se ha hablado en público de las dotes y virtudes personales de la compradora, lo cual nadie ha puesto en duda, ni siquiera los acusadores o sus abogados.
    
Cuanto se desea, a nivel de la opinión pública, que se aclare, son los siguientes puntos: 1. Si para una compra de ese monto de productos y de dinero se abrió un concurso público y dónde se publicó la convocatoria; 2. Si las colchonetas de dos pulgadas de ancho pueden considerarse como “colchones hospitalarios”; y 3. Si pueden describirse, para conocimiento de la opinión pública, cuál es el “colchón hospitalario”.
Eso es todo.