DESORDEN SALARIAL

La Ley de Salarios Públicos confronta veladas resistencias por parte de sectores de la propia Administración Pública, lo cual es notorio no ahora cuando la legislación tiene aplicabilidad por haber sido promulgada, sino desde antes de atravesar la metamorfosis de anteproyecto a proyecto y de proyecto a ley, pues en el mismo Congreso Nacional confrontó dificultades al extremo de que el Lic. Ramón Ventura Camejo, Ministro de Estado de Administración Pública, acudió al apoyo de los medios de comunicación social en un intento de superar los obstáculos que la ley confrontaba.
    
Ahora, el Ministro de Estado de la Presidencia, Gustavo Montalvo Franco, advierte la necesidad de aplicar esta ley, pues no debe prevalecer aquello a lo que llama un desorden salarial en la Administración Publica , causa de inequidad al erogar emolumentos por labores desempeñadas para las     diversas oficinas gubernativas.
Lo que se advierte como un desorden, sin duda es parte de ese incomprensible descontrol en el gasto público que prevaleció hasta la juramentación del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, y del cual descontrol llegaron a quejarse, con frecuencia, las organizaciones que agrupan a los empresarios del país, al igual que economistas y expertos independientes, pues todos ellos entendían que los efectos del desequilibrio lo mismo que la falta de orden en el gasto, eran negativos para la economía nacional.
    
El disponer pagos de montos distintos para un mismo desempeño y una misma responsabilidad, encaja en ese tipo de desenvolvimiento de una forma de administrar, en la cual no se disciernen y toman en cuenta los perfiles de los cargos, las atribuciones de quienes los desempeñan y la estratificación de las funciones dentro del tren gubernativo, lo que, a no dudarlo, se desea rectificar mediante la aplicación de la Ley de Salarios Públicos, tan sonada desde antes de convertirse en ley, lo     mismo que tan irrespetada.
    
Es una pena que este tipo de situación, no ya de la desobediencia a la ley, sino de ilógica percepción de la organización de la estructura pública, se esté dirimiendo a nivel de los medios de comunicación social, pues son asuntos que, aún para los organismos autónomos y descentralizados, el administrador del Gobierno Dominicano, que, conforme al Derecho Administrativo lo es el Poder Ejecutivo, tiene soluciones a mano, que en algunos casos son expeditivas y directas y en otros casos, pasan por la toma de decisiones indirectas.
    
De todas maneras, tal cual lo afirma el Ministro de Estado de la Presidencia, el desorden y la inequidad salarial en el sector público, deben superarse, para dejar atrás el anárquico desenvolvimiento prevaleciente hasta agosto del año pasado.