El país duró largos años a partir de los 70 intentando modificar la Ley que instituyó el Seguro Social Dominicano (IDSS), con la intención de sustituirlo por un sistema de mayores beneficios para la población trabajadora y sus familias. Las diversas propuestas para una nueva Ley de seguridad social no fueron posibles en esos tiempos, por el rechazo que se originaba especialmente en el sector empresarial. Sin embargo, sólo bastó la magia del neoliberalismo aparecido en el país a finales de los 90, para que la Ley de la Seguridad Social se aprobara, cuando se vio como una gran oportunidad de formidables negocios para el sector financiero.
De esa forma se aprobó la Ley que estableció en el país el nuevo Sistema de la Seguridad Social con sus tres componentes: el de la salud, el de riesgos laborales; y el de pensiones, para darle servicios a los asegurados y a sus familiares. Esas misiones estarían apoyadas por una red de intermediarias financieras para la tramitación de los servicios, conformadas por la AFP en materia de pensiones y por las ARS y ARL en materia de salud y riesgos laborales.
Al ponerse en marcha el nuevo sistema pronto se vio que el mismo no fue más que un pretexto para que los negociantes montaran muy lucrativos negocios que les aseguraban altas tasas de rentabilidad, mediante las cuales se han apropiado de gran parte de los recursos financieros generados por el ahorro forzoso creado por el sistema, el cual ya ha acumulado cientos de miles de millones de pesos para ser manejados, en buena parte, por esos negocios surgidos al amparo de la seguridad social.
Por eso se han ido detectando una serie de fallas en la Ley y en la oferta de los servicios médicos, laborales y de pensiones, fallas cuyo origen radica en haber invertido la finalidad del sistema, el cual en vez de ofrecer servicios a los asegurados, busca responder al afán de lucro de las intermediarias financieras perjudicando la calidad y cobertura de los servicios médicos, de riesgos laborales y de pensiones. De esta manera, la seguridad social ha sido un despropósito distorsionado por la lógica del lucro desregulada. Se llega así a lo que la “vulgata” criolla define como un sistema para jóvenes y sanos que no necesitan atención médica, ni están en edad de retiro, para que sólo sirvan de generadores de cotizaciones para crear una fabulosa masa monetaria a ser aprovechada por los vivos intermediarios financieros.
Modificación de la LEY
La discusión pública sobre la comisión del 30% cobrada por la AFP por su intermediación con los fondos de pensiones, es sólo la gota que ha llenado de espanto, y que ha motivado la decisión de la Cámara de Diputados de designar una comisión, para que elabore una propuesta de modificación de la Ley de la Seguridad Social, reforma que ha de equilibrar los servicios ofrecidos con las ganancias de los negociantes, de modo que la Seguridad Social sea una verdadera conquista de los trabajadores y no solo un zarpazo de los “emprendedores salvajes”.
jueves, 19 de septiembre de 2013
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