Por Daniel Santos.--Este fenómeno en la República Dominicana, representa las dos cosas, el flagelo como tal, protegido por la debilidad institucional, convertido en poder, que vive, reina, se expresa y se impone, en los tres estamentos que componen el Estado dominicano.Al parecer en la actualidad, son inútiles los esfuerzos de lucha y combate contra la corrupción en el Estado, dado que actores de principalía del sistema de justicia, se ven obligados a denunciar y abandonar casos, alegando compromisos de los llamados a aplicarla, con los implicados en este tipo de hechos, como lo demuestra la propia Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional Yenny Berenice Reynoso.
La corrupción con la protección del poder, a todos los niveles es tal, que un implicado, que ya no es funcionario, sino un civil privilegiado por el Estado, en busca de protegerse aún más, para no ser investigado e irremediablemente juzgado, recurre al congreso y allí pone en funcionamiento su influencia de alto dirigente del partido en poder, para quitar del código procesal penal, la prerrogativa a los ciudadanos de querellarse contra funcionarios, por haber cometido delito de corrupción en la administración pública.
Ese mismo exfuncionario, ya como simple ciudadano acudió y sometió al Tribunal Constitucional, como inconstitucional el párrafo 3 del artículo 85 que permite que los ciudadanos, puedan presentar querellas, contra funcionarios etiquetados como ladrones, con pruebas aportadas por los propios funcionarios, como es por ejemplo, la renuencia a ser investigados y procurar a como dé lugar, que los expedientes acusatorios en su contra sean archivados.
En un Estado con instituciones auténticas, democráticas y transparentes, ese solo hecho es suficiente, para que justicia sancione con la responsabilidad debida, a quienes cometan estos robos de los recursos públicos.
Por el poder y control que tiene la corrupción, sobre todo el aparato del Estado, suceden casos como el de la carretera Santo Domingo-Semana, donde el gobierno, con el aval del Estado y la alegada seguridad jurídica, para inversión extrajera, concesionó la construcción de dicha carretera, a una empresa constructora creo que Colombiana, la citada empresa invirtió en la construcción citada vía según datos, la suma de 150 millones de dólares y de acuerdo a los medios, ya esa inversión en solo tres años fue recuperada. !Qué bueno!.
¿Dónde está lo malo?, en la negociación hecha por el equipo, que representó al gobierno en esa negociación, porque las condiciones son a todas luces sospechosas, en el sentido de que los negociadores dominicanos en representación del gobierno, cedieron dicha obra a 30 años y ya esta empresa, en solo tres recuperó lo invertido, ósea, que tienen 27 largos años, para lucrarse con todo el dinero del mundo a costa de una negociación que huele a trampa, en contra del pueblo dominicano, no así de los que negociaron en esas abusivas condiciones, en representación del pueblo.
!Ah!, pero ahí no para todo, lo mejor es lo siguiente, resulta, que estos "ingenuos" negociadores del gobierno, negociaron en base a una cantidad de circulación de vehículos por dicha vía y si la cantidad de transito era inferior, el gobierno le pagaría a esa empresa, por los vehículos que dejen de pasar, para mi toda un confabulación fraudulenta, en contra de los intereses del pueblo, entre la empresa y los negociadores, que representaron al gobierno en la citada transacción, conscientes los representantes del gobierno de que no habría problema, por contar con la impunidad protectora de los propios poderes del Estado. Todo eso es posible, gracias al poder de la corrupción, sobre los demás poderes constitucionalmente establecidos.
0 comentarios:
Publicar un comentario