Ayer se celebró el Día de la Justicia, celebración oportuna para hacer conciencia del estancamiento, que algunos entienden como retroceso, de la justicia. Esa percepción cobra mayor fuerza a medida que se recrudecen los problemas de la debilidad institucional y de la inseguridad ciudadana con su secuela de delincuencia, criminalidad e impunidad.
Justifica esa percepción sobre la Justicia, la debilidad de este Poder del Estado que se pone en evidencia cuando ciertos jueces que escandalizan las decisiones judiciales, se prestan a liberar a presuntos delincuentes que son atrapados, con frecuencia en flagrante delito, especialmente si provienen del narcotráfico. Por eso los esfuerzos de la Policía y de los órganos de persecución del crimen y la delincuencia resultan infructuosos, viéndose impotentes en su lucha contra las causales de la inseguridad ciudadana.
La debilidad judicial también se manifiesta a la vista de todos cuando se miran las condiciones precarias dentro de las cuales se imparte la justicia dominicana. La falta de instrumentos adecuados, de locales seguros y funcionales, de presupuesto suficiente y de condiciones salariales para los jueces y demás personal de apoyo, constituyen limitantes que impiden la buena y sana impartición de justicia. Por eso hemos visto con los tiempos cómo los jueces se han asociado en una especie de sindicato para reclamar mejores condiciones laborales, mientras que un grupo de ellos se vio en la necesidad de renunciar de sus obligaciones por la precariedad económica.
Pero quizás y sin quizás, lo peor que le ha pasado a la Justicia y a las llamadas altas cortes ha sido la vuelta a un pasado que se entendía superado, cuando esos órganos de la Justicia se han vuelto a politizar, subordinándose al poder político gobernante, un poder político que con frecuencia ha dado notaciones de operar bajo una lógica muy cercana al mundo de los “carteles apandillados”. Sin dudas que la politización de la Justicia constituye el peor retroceso de esa importante esfera institucional que en teoría ha de servir de garante y celosa guardiana del estado de derecho para una equilibrada convivencia social, política y económica. La forma en que fueron conformados los diversos órganos del Poder Judicial, luego de la reforma constitucional, determinó que éstos se encuentren a merced de los intereses particulares de las facciones políticas dominantes. Son variadas las sentencias judiciales que así lo atestiguan.
Emancipar la Justicia
En ese panorama es poco lo que hoy día se puede esperar de la Justicia desde una perspectiva renovadora. Sin embargo, la conciencia sobre ese panorama ensombrecido de la Justicia, nos debe llevar a la conclusión de que se hace necesario otro momento de reformas judiciales, como aquellas acordadas en 1994, luego de la crisis de gobernabilidad pos electoral, para que la Justicia se emancipe y recupere las condiciones materiales y de autonomía que las convierta en un poder respetable y funcional que garantice el estado de derecho y la democracia, hoy día amenazados, entre otras razones fundamentales, por la subordinación de la Justicia a grupos políticos particulares con vocación totalizadora y monopolizadora del poder.
¡Recuperemos una Justicia emancipada!
miércoles, 8 de enero de 2014
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