La ministra de Fomento de España, Ana Pastor -cuyo país es el mayor inversionista del grupo que construye las nuevas esclusas- se reunió por separado ayer con los ejecutivos del consorcio, con el presidente panameño Ricardo Martinelli y directivos del canal.
“Lo que estamos haciendo es que las partes se sienten para intentar dar solución y que esta obra tan importante continúe a buen ritmo y se pueda terminar en el período más corto de tiempo posible”, manifestó Pastor a los periodistas tras su encuentro con el mandatario Martinelli.
La ministra se reunió previamente con los ejecutivos del consorcio Grupo Unidos por el Canal, cuyo mayor accionista es Sacyr Vallehermoso de España.
Pastor y Martinelli admiten que se trata de un conflicto entre un grupo de cuatro empresas privadas y el Canal de Panamá, una entidad independiente del gobierno, pero coinciden en que los intentos de sus gobiernos para hallar una salida son necesarios porque se trata de un problema que atañe a una obra que sirve al comercio marítimo mundial.
Señalaron que la solución dependerá de los acuerdos a que lleguen el consorcio y las autoridades canaleras en el marco del contrato que sellaron en 2009.
De acuerdo con Pastor, los ejecutivos del consorcio le expresaron el compromiso de que todas sus reclamaciones las ventilarán en las instancias que establece el contrato y que contempla como última vía un arbitraje internacional.
De hecho, ya existen dos litigios en disputa por sobrecostos multimillonarios formulados por el grupo.
“Y también que se van a sentar y a dialogar para resolver todos los problemas”, agregó la ministra. Los representantes del grupo no formularon declaraciones.
No quedó claro si ese compromiso implicaría la posibilidad de desistir a una suspensión del proyecto.
Por su parte, el administrador del Canal, Jorge Quijano, se comunicó ayer con representantes de los países usuarios y de la comunidad marítima en un esfuerzo por calmar preocupaciones o dudas sobre la conclusión de la obra.
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