Reformas políticas

La actividad política en nuestro país se ejerce con una intensidad impresionante. Muchas otras actividades mantienen relaciones vinculantes con la política y hasta las altas cúpulas empresariales reconocen que tienen que basar su trabajo en asociación directa con los políticos, especialmente con aquellos que ejercen las funciones públicas dentro del Estado. A pesar de la importancia de la política la misma transcurre en un ambiente institucional excesivamente desregulado y anómico, donde predominan los grupos de intereses particulares y hasta de personalidades a título individual, propiciándose un comportamiento generalizado en los actores políticos propenso a la violación a las leyes y a la ética,  con lo cual se ha estimulado la descomposición social y moral desde el poder político. 
    
El mercantilismo y el clientelismo, en la fase actual del “capitalismo salvaje” que vive el país, refuerzan la desregulación de la política, haciendo que el sistema de partidos transite dentro de una concurrencia o competencia en donde el fin de alcanzar y/o mantener el poder lo justifica todo, sacrificando la ética y el respeto al marco jurídico y moral. Por eso vemos como normal que los procesos electorales se presten a todo tipo de irregularidad clientelar, y que los grupos que controlan los recursos del Estado lo utilicen ilícitamente para la manipulación y la compra y venta de conciencia, desnaturalizando la libre expresión de la voluntad popular en los procesos eleccionarios. Dentro de esas perversiones se ha producido la injerencia en la vida interna de los partidos de la oposición para dividirlos, a modo de sacar ventajas fruto de los ilícitos económicos y de la delincuencia entronizada en la política. Y no hay nadie que opere como contrapeso que impida tal degeneración.   
    
Esas tendencias degenerativas de la política están poniendo en peligro no sólo la democracia dominicana, como ya se percibe peligrosamente, sino también la propia estabilidad del sistema político y la paz social. Por eso se interpreta como una necesidad perentoria, la puesta en marcha de las reformas políticas que fortalezcan y consoliden un marco regulatorio de la vida de los partidos y de los procesos electorales, de modo que su dinámica, a su vez, fortalezca la institucionalidad democracia dominicana.  

Las reformas democráticas

En esa dirección ha sido oportuno el estudio de apoyo a la “modernización del sistema de partidos políticos” presentado por el PNUD y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el cual persigue concretar avances basados en el consenso generalizado en torno a la necesidad de una ley de partidos y a una reforma de la Ley Electoral, procesos sobre los cuales Mons. Agripino Núñez exhorta a la Sociedad Civil y a la Opinión Pública para que presionen por su aprobación.
    
Así como los bancos necesitaron un marco prudencial regulatorio, es necesario un marco regulatorio de los partidos y de las elecciones que garanticen una democracia institucionalmente sana y efectiva, que garantice el respeto de la Voluntad Popular expresada en un Voto libre, transparente y creíble.