Introducción
En su discurso de inauguración del congreso del PLD, Leonel Fernández reiteró que el partido de gobierno permanecerá en el poder hasta al menos el 2036, y posteriormente amplió este límite hasta el 2040, con lo que se establecería un dominio de más de 40 años consecutivos, mucho más que la era de Trujillo. El vaticinio tiene su fundamentación en el hecho de que el PLD ha operado desde el poder para convertirse en el único partido hegemónico del sistema, el cual luego de haber integrado a su dominio a la mayor parte de los partidos minoritarios, ha logrado fusionar para sí al PRSC otrora partido mayoritario, al tiempo de haber inducido la división del PRD, hasta lograr anularlo primero a partir del convenio de “las corbatas azules” y más adelante con los fallos dados por el TSE, el TC y las resoluciones de la JCE, organismos todos bajo el control oficial, con lo cual, se le otorgó la franquicia del PRD a una de las facciones en pugna.
Modificación del formato del régimen político
Por esas causas la declaración sincera y abierta del doctor Fernández, que vaticina el largo dominio del PLD, parece tener razón. Esa razón nace de la comprensión de las grandes transformaciones que vive el país, como consecuencias de gestiones de gobiernos que han modificado el formato del régimen político de la Nación, el cual de una democracia electoral parece involucionar a una democracia restringida con alta exclusión y que se ejercita sobre la base de los criterios fácticos del poder, más que sobre la base de los mecanismos y prácticas de la democracia. Por eso, no dejan de tener razón, quienes perciben la emergencia de una dictadura de partido único que monopoliza todo el poder y exhibe una voluntad única que avanza hacia un totalitarismo de pensamiento único y sin alternancia. No hay más alternativa que el poder absoluto y articulador del nuevo grupo gobernante.
Modelo de gestión de gobierno
Esa modificación del formato del régimen ha tenido su origen en la aplicación de un modelo de gobierno que respondió a los designios contenidos en la estrategia de la globalización neoliberal, la cual se empezó aplicar en todo el planeta a partir de la experiencia chilena con Pinochet y que se aceleró con el desmantelamiento de la URSS y el desarrollo de la cibernética aplicada al mundo de las telecomunicaciones, cambios éstos que aceleraron el comercio internacional en el marco del “libre mercado”. A partir de esa decisión la gestión pública profundiza, entonces, los procesos de la apertura y de libre mercado, la privatización, el estímulo a la inversión extranjera, la seguridad jurídica y las reformas del Estado (minimalismo de Estado) para reducirlo en su función impulsora del desarrollo. El Estado tendría que ser ahora solo un facilitador de los negocios de la iniciativa privada.
A partir de esos lineamientos estratégicos se aplica un modelo de gestión pública que en el plano económico fomenta las importaciones, se desincentivan la producción y las exportaciones, desarticulándose el eslabonamiento de la cadena productiva, al tiempo que se recurre al endeudamiento, el déficit fiscal y los ajustes tributarios, a fin de financiar una estructura de gastos en acelerado aumento.
En el plano político se aplica una estrategia de gobernabilidad basada en el clientelismo para manipular resultados electorales favorables, de modo tal que la máxima democrática de que el pueblo elije, se cambia por el criterio fáctico de que el dinero elije. Así, el clientelismo da lugar a la hipertrofia de la burocracia estatal, la que convertida en la principal fuente generadora de empleos improductivos (botellas y nominillas), genera la necesidad de desviar grandes volúmenes de recursos públicos. De esa forma los efectos de la combinación del modelo económico y de gobernabilidad, son por un lado la gran corrupción tal como lo ha confirmado la Cámara de Cuentas, y por el otro, la dilapidación de buena parte de los recursos en gastos corrientes improductivos, reduciéndose considerablemente la inversión neta de capital por parte el Estado.
Confusión de la política como negocio
Otra perversión de significación provocada por la nueva mentalidad neoliberal corrompida, es la simbiosis que se da entre la política y el mundo de los negocios.
Política y negocio se funden y se confunden. Eso ha hecho que los políticos dentro y fuera de la cúpula del partido oficial se dediquen hacer negocios reproduciéndose como empresarios, para lo cual aprovechan los cargos y los recursos públicos, mientras los empresarios hacen sociedad con ellos y por esa vía maximizan los beneficios. Una consecuencia negativa de esa conversión y confusión ha sido la privatización de la función pública, abandonando los incumbentes sus responsabilidades como servidores públicos.
Efectos del modelo neoliberal
Los resultados lógicos del modelo neoliberal aplicado en nuestro país, para la mayoría de la población han sido: la pobreza y la desigualdad social; la falta de oportunidades y de empleos formales de calidad; el deterioro de los servicios públicos cada vez más privatizados e ineficientes; el encarecimiento del costo de la vida; y la inseguridad ciudadana a consecuencia de la criminalidad y la delincuencia estimuladas por la droga y el crimen organizado, los cuales penetran en la esfera de la autoridad pública al más alto nivel, la cual pasa asociarse formando corporaciones del crimen autorizado. Del lado de las minorías y del grupo gobernante, por el contrario, se da el enriquecimiento de las cúpulas partidarias, por lo general, ilícito; la concentración de las oportunidades y de la riqueza; y la movilidad social hasta ascender a las alturas de los grupos oligárquicos, los cuales a su vez también se ven favorecidos por un modelo de gestión para los ricos y en contra del verdadero desarrollo humano, tal como lo establecieran los informes del PNUD. De esa forma se fortalecen las oligarquías, nuevas y viejas, haciendo más asimétrica la estructura del poder social y económico, pero garantizándose para el nuevo grupo gobernante el monopolio del poder político.
Las bases materiales del monopolio político
Así las cosas el modelo de gestión neoliberal ha arrojado como saldo estructural dos productos que conforman la base material del gran poder del nuevo grupo gobernante, así como del nuevo formato del régimen político de democracia restringida de naturaleza oligárquica: Primero, la conversión de la cúpula del partido de gobierno en parte significativa del poder económico oligárquico, conversión lograda mediante el control de los recursos públicos aplicados a los megaproyectos de inversión, así como a través de la apropiación privada de buena parte de dichos recursos; y segundo, la apropiación y control de todas las fuentes institucionales del poder político estatal. De esa manera el partido de gobierno materialmente se ha erigido en el máximo poder en el país controlando los tres poderes del Estado, Congreso, Ejecutivo y Justicia, además de las altas cortes y los órganos del poder electoral, todo lo cual se relegitima fácticamente mediante el gran poder mediático que ha formado parte de la construcción del gran poder oficial.
El poder aplastante del PLD
El dominio del PLD renovado por la gran popularidad del Presidente Danilo Medina que ha subsanado el rechazo generado por la pasada gestión de Leonel Fernández, luce aplastante y será mayor mientras se mantenga estancada la crisis y división del PRD, partido que no parece comprender que las bases materiales que sustentan al PLD lo llevan a totalizar el poder político, por lo cual es un requisito funcional la división del PRD, de manera que se consolide el dominio oficial sin riesgos a partir de las dos condiciones materiales establecidas: su conversión en clase económica; y su control absoluto del poder político. Es una materialidad institucional fruto de una perfecta aplicación de aquella definición marxista de que “el Estado es la superestructura jurídico política que responde a los intereses de la clase dominante”. En ese orden, Estado y clase dominante van de la mano, articulando y coordinando todo el proceso de reproducción económica y de la institucionalidad del poder político. De modo que las decisiones de las diversas instancias institucionales del Estado son “el espejo donde se reflejan” los intereses económicos y políticos de los sectores que conforman la clase dominante y gobernante fundidas en una por el neoliberalismo en el marco del “capitalismo salvaje”. Por eso decisiones como las contenidas en los fallos de la JCE, TSE, TC, SCJ revestidos de la solemnidad de las categorías jurídicas asumidas como verdades absolutas e inconmovibles, más que nada expresan la voluntad política única y totalizante de quienes controlan el poder en todas sus manifestaciones. Esa voluntad única se observa reflejada en los fallos que perjudicaron la participación electoral del PRD en las elecciones del 2012, en los fallos que determinaron la crisis divisionaria del mismo PRD, en los fallos en el caso de la demanda de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández y Funglode, y más recientemente en la sentencia del TC que les niega la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana. De esa forma el PLD y sus aliados, no solo se protegen con el manto extendido de la impunidad, sino que demuestran ser los grandes articuladores de las instancias estatales para reproducir y garantizar los intereses y los poderes conquistados como sectores dominantes. La diferencia ahora entre el PLD y el marxismo, es que el dictamen de éste perseguía suprimir al Estado y hacer desaparecer el orden social basado en clases sociales, mientras que el PLD se ha deleitado en la reproducción subdesarrollada del “neoliberalismo” en su versión contemporánea del “capitalismo salvaje”,
conformándose con su desclasamiento hacia los frentes oligárquicos nacionales e internacionales.
En conclusión y visto así el PLD requiere, en su lógica oligárquica y totalizadora del poder, mantener dividido al PRD, única amenaza real para su continuismo no solo para el 2016, sino mucho más allá como lo ha vaticinado Fernández. El dominio del PLD, entonces, se levanta como el leviatán de HOBBES, en capacidad y necesidad de aplastar a todos aquellos que puedan poner resistencia o ser un obstáculo frente a su gran poder acumulado. Ese gran poder se constituye en una verdadera amenaza para la democracia, cuya institucionalidad exige como condiciones la vigencia de la separación de los poderes, la alternancia en el poder político, la igualdad de condiciones entre las fuerzas que concurren a los procesos de elección democrática, la transparencia y la tolerancia, de modo que los procesos de elección sean pulcros y limpios y den como resultados gobernantes legitimados por electores conscientes y libres, y de esa forma surjan gobiernos transparentes y creíbles. Todas esas condiciones están materialmente negadas en el contexto del poder absoluto y totalizador dominado por el PLD, sobre todo por la ausencia de una oposición que sirva de contrapoder que equilibre la competencia partidaria. En esas condiciones los procesos electorales dejan de ser certámenes democráticos y válidos y por el contrario son, como lo calificara Bosch, verdaderos “mataderos electorales”.
La movilización imperativa
Por esas razones en el país se hace imperativo que todas las fuerzas con vocación democrática de la Nación se decidan iniciar una cruzada por el rescate de la democracia dominicana, mediante una movilización social masiva que procure el desmantelamiento de las altas cortes y la JCE, así como de ciertos estamentos de la Justica, de forma que estos órganos se conformen de tal manera que garanticen los principios democráticos de la separación e independencia de los poderes políticos del Estado, la vigencia del principio de la alternabilidad y la equidad electoral entre los partidos, ahora violentados por el control absoluto del partido único. Proyectos específicos en esta dirección son la Ley de partidos y la nueva Ley electoral, en torno a los cuales se deben aglutinar las fuerzas democráticas de la Nación.
Esa movilización exige a su vez que las fuerzas democráticas recurran inevitablemente a los fundamentos de la actividad política, como son la doctrina, la ideología y la propia política como disciplina discriminadora de los fines y los medios, para así tener las posibilidades de elaborar y formular una visión del país, la cual debe aterrizarse en una plataforma programática contentiva de un modelo de gestión pública que permita viabilizar la democracia y la estrategia nacional de desarrollo.
En esa movilización así orientada podrían caber los sectores democráticos del PRD, quienes encontrarían en ella la solución a su crisis permanente de ilegitimidad interna. Así también tendrían cabida las demás fuerzas y movimientos políticos en capacidad de armonizar con la misión de restablecer las condiciones institucionales que motoricen una democracia desarrollista y consolidada. Esa democracia desarrollista tiene que darle respuestas a tanta deuda social acumulada para que los dominicanos puedan superar las dos condiciones más sobresalientes que lo identifican en su condición de ciudadanos de un país atrasado, tal como son la ignorancia y la pobreza, según lo definiera el venerable maestro y profesor de la política dominicana don Juan Bosch.
La amenaza que se cierne sobre la democracia dominicana, exige, pues, una movilización emancipadora.
Señores, muchas gracias
16 de octubre del 2013
Santiago, Rep. Dom.
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