La Fiscal Yeni Berenice Reynoso se encuentra ante un desafío difícil de salvar con profesionalidad y dignidad. La circunstancia la ha colocado ante el dilema de decidir si perjudicar o favorecer a la figura política de Leonel Fernández, quien no es sólo el líder máximo del PLD, sino el jefe político de la asociación política más poderosa de la Nación, la cual ha acumulado un alto poder económico propio y del Estado a través de su control de los recursos públicos, sino que al mismo tiempo se apropió del control de todas las instancias del poder público, a través del Poder Ejecutivo, la Justicia, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, la JCE, el Ministerio Público, así como a través del Congreso Nacional.
A ese gran poder establecido se le adiciona la casi ausencia total de oposición, cuyo mayor partido cada vez se debilita más a consecuencia de una división inducida por el gran poder acumulado por el PLD. La refrescante figura del presidente Medina no sólo le agrega valor de poder político al partido de gobierno, sino que reduce el espacio y la legitimidad de la oposición.
En ese contexto es que se ha presentado la querella contra Leonel Fernández, querella interpuesta por el presidente de Alianza País, expresión partidaria minoritaria que persigue combatir la corrupción y deslegitimar el poder de que goza el expresidente.
Aunque las pruebas sustentadas por el querellante aportan indicios del aprovechamiento de la posición de jefe del Estado, para favorecer la canalización de recursos públicos a través de interpósitas personas públicas y privadas, para sustentar las actividades de Funglode, ONG privada bajo su mando, los abogados del expresidente descalifican la demanda ante la Fiscalía, argumentando que dicha querella carece de “fundamento jurídico”, que Funglode es una entidad sin fines de lucro dedicada a la educación, y que lo que persigue Guillermo Moreno es notoriedad pública con fines políticos, mereciendo de parte del jefe de los abogados del expresidente Fernández el calificativo de “charlatán”.
Esos argumentos fueron acompañados de una movilización de presuntos abogados que al tiempo de manifestar su apoyo al expresidente y su repudio a Moreno, mostraban el poder de presión sobre la Fiscal, con el propósito de comprometer aún más la decisión de la reputada Fiscal sobre el expediente. Dado el gran poder político institucional que controla Fernández, no sería nada extraño que la Fiscal tenga que darles “ganancia de causa” a los abogados del expresidente. Se le hará muy difícil encontrar argumentos jurídicos con mayor solidez que el gran poder de Fernández.
A ese gran poder establecido se le adiciona la casi ausencia total de oposición, cuyo mayor partido cada vez se debilita más a consecuencia de una división inducida por el gran poder acumulado por el PLD. La refrescante figura del presidente Medina no sólo le agrega valor de poder político al partido de gobierno, sino que reduce el espacio y la legitimidad de la oposición.
En ese contexto es que se ha presentado la querella contra Leonel Fernández, querella interpuesta por el presidente de Alianza País, expresión partidaria minoritaria que persigue combatir la corrupción y deslegitimar el poder de que goza el expresidente.
Aunque las pruebas sustentadas por el querellante aportan indicios del aprovechamiento de la posición de jefe del Estado, para favorecer la canalización de recursos públicos a través de interpósitas personas públicas y privadas, para sustentar las actividades de Funglode, ONG privada bajo su mando, los abogados del expresidente descalifican la demanda ante la Fiscalía, argumentando que dicha querella carece de “fundamento jurídico”, que Funglode es una entidad sin fines de lucro dedicada a la educación, y que lo que persigue Guillermo Moreno es notoriedad pública con fines políticos, mereciendo de parte del jefe de los abogados del expresidente Fernández el calificativo de “charlatán”.
Esos argumentos fueron acompañados de una movilización de presuntos abogados que al tiempo de manifestar su apoyo al expresidente y su repudio a Moreno, mostraban el poder de presión sobre la Fiscal, con el propósito de comprometer aún más la decisión de la reputada Fiscal sobre el expediente. Dado el gran poder político institucional que controla Fernández, no sería nada extraño que la Fiscal tenga que darles “ganancia de causa” a los abogados del expresidente. Se le hará muy difícil encontrar argumentos jurídicos con mayor solidez que el gran poder de Fernández.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario