La ineficiencia del Estado como proveedor de servicios públicos ha llegado a tal nivel que hace urgente la puesta en marcha de reformas que eleven la efectividad de las instituciones públicas en la oferta de servicios de calidad a la población. Por eso hay que ver con beneplácito las iniciativas del Gobierno sobre la Reforma de la Policía y el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Salud que integra la red hospitalaria del IDSS y de Salud Pública de forma descentralizada.
Con el primero se busca modernizar a la Policía Nacional para convertirla en una organización que garantice la seguridad ciudadana, fortaleciendo su función preventiva, de modo que deje de ser un aparato represivo más preparado para la criminalidad y la propia delincuencia, que para el orden público y la seguridad ciudadana. Hay que reformar la Policía para que además sirva de auxiliar efectivo y subalterno del Ministerio Público en materia de la investigación criminológica.
Esta iniciativa es una prioridad nacional y para hacerla efectiva debe contarse con el más amplio consenso, que tome en cuenta el marco jurídico constitucional, la naturaleza de esta institución y las grandes debilidades conocidas en materia de organización, disponibilidad tecnológica, de recursos humanos y de las condiciones socioeconómicas que se deben establecer para su buen funcionamiento. No puede la nueva Policía constituirse con agentes en las condiciones de sueldos que respondan al modelo de economía basada en el empleo de la mano de obra más barata.
Lo mismo es válido para el proyecto que busca integrar la red pública de servicios de salud. El deterioro comprobado en los hospitales por el propio Presidente en sus visitas sorpresas, ha hecho evidente el estado de precariedad de los establecimientos de salud y el deficiente servicio dado a la población. La situación también hace urgente e importante una restructuración integral y descentralizada de la red nacional de los prestadores de servicios de salud. El sistema de la Seguridad Social establecido ofrece un marco que promueve esa imprescindible reforma.
Nueva ÉTICA pública
Si a esas iniciativas le sumamos la reforma en Educación a partir del 4%, entonces estamos asistiendo a una fase en la que se hace perentoria la reforma institucional de todo el aparato del Estado, para convertirlo en algo funcional con un claro sentido, además, de la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad ambiental. Para ello, lo primero es rescatar la función pública de la pervertida inclinación que ha privatizado la función pública, y que ha hecho que los funcionarios no atiendan las responsabilidades de sus cargos, sino que mayormente se concentran en aprovechar la oportunidad para hacer negocios privados y partidarios desde la función pública que ocupan como si fueran propiedad de ellos.
Con las Reformas del Estado hay que fomentar un nuevo clima organizacional en la Administración Pública, basado en una nueva ética de la Función Pública, que distinga y separe lo que es hacer negocio de lo que es hacer Función Pública.
¡Hay, pues, que promover la Reforma del Estado y la nueva ÉTICA de la Función Pública!
0 comentarios:
Publicar un comentario